Ciudad Juárez, Chih., La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero enfrentará la acusación en libertad porque no se le señaló directamente por la muerte de 40 migrantes y las lesiones que padecieron otros 28 en un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de esta localidad fronteriza.

La audiencia de formulación de cargos contra Garduño Yáñez comenzó ayer a las 9:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua y concluyó cerca de las 17 horas; el juez de control Víctor Hernández Calderón concedió que el comisionado del INM enfrente la acusación en libertad, con el único requisito de firma periódica, pues el ejercicio indebido del servicio público no se considera un delito grave.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR acusó al comisionado del INM de permitir que la estancia migratoria en Juárez funcionara sin cumplir con requisitos de operación, y de ser responsable de omisiones que derivaron en daños equivalentes a un millón 800 mil pesos por el siniestro en el que fallecieron 40 extranjeros y otros 28 resultaron heridos, aunque sin señalar una presunta responsabilidad en los delitos de homicidio o lesiones.

Después de que el Ministerio Público formuló la acusación, el juez Víctor Hernández preguntó a Francisco Garduño si tenía algo que decir o declarar, pero por recomendación de sus abogados se reservó el derecho de hablar.

La defensa pidió la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para que se resuelva la situación legal del comisionado del INM, por lo que éste comparecerá en la audiencia de vinculación el próximo domingo a las 11 horas.

El juzgador Hernández Calderón concedió que Garduño enfrente la acusación en libertad. El Ministerio Público pidió que como parte de la medida cautelar, el comisionado fuera suspendido del cargo y se le prohibiera salir del país, lo que el togado rechazó, por lo que continuará en el cargo mientras enfrenta el eventual proceso en su contra.