Santiago. Mientras el empresariado chileno conservador reaccionó con escándalo a la decisión del gobierno de mantener el control mayoritario del Estado en la explotación e industrialización del litio, aunque en asociación con el sector privado, inversionistas internacionales se mostraron pragmáticamente abiertos a concretar negocios con compañías estatales locales.

Kent Masters, gerente general de la estadunidense Albemarle, una de los dos empresas que explota litio en el estratégico Salar de Atacama y con contrato hasta 2043, dijo que en las definiciones del presidente Gabriel Boric ve la posibilidad de ampliar sus operaciones.

“Tenemos la oportunidad de obtener concesiones mineras adicionales y asociarnos con el gobierno chileno para hacerlo. Así que lo vemos como una oportunidad”, dijo, enfatizando que el presidente “propuso una nueva política de litio que trata de derechos minerales adicionales y nuevos, dejando claro que se cumplirán los contratos y concesiones existentes. Nuestro contrato se extiende hasta 2043, por lo que nuestra mina está segura hasta 2043”.

Masters incluso estimó que hubo una sobrerreacción al interpretar que “se está nacionalizando el litio, que no es el caso”.

Y enfatizó: “Lo que está tratando de hacer el gobierno es traer más litio de Chile al mercado y hacerlo en asociaciones público-privadas con empresas que saben cómo operar esas minas, como nosotros”.

Pero no fue el único: la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio declaró que “esta iniciativa posibilitará la llegada de nueva y mayor inversión estadunidense”, mientras para el gerente general de Minera Salar Blanco, Cristóbal García-Huidobro, se trata de “una buena noticia que da curso al desarrollo de diversos proyectos en la extensa red de salares que tiene el país y permite la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos estándares”.

Estas opiniones contrastaron con las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien aventuró que la “principal preocupación” es el avance a una estatización de la economía.

“La inquietud viene de si eventualmente vamos a enterarnos en otras industrias que el Estado también va a participar con 51 por ciento, eso es ir estatizando.”

Declaró que podría pasar “en la industria portuaria, que hoy está concesionada, que el Estado determine que quieren 51 por ciento”.

Según el dirigente, “está el fantasma ideológico presente, dada la composición que tiene el gobierno”.

La derecha ya anunció su oposición en el Parlamento a la creación de la Empresa Nacional del Litio anunciada por Boric, que requiere el votó de 58 por ciento de los diputados y senadores, un quórum calificado del cual el oficialismo no dispone.

Javier Macaya, presidente de la derechista UDI, lo resumió diciendo que “lo que está haciendo el Estado con la señal que le envía al sector privado, es de absoluta desconfianza de sus capacidades”.

En el debate entró a terciar hasta Elon Musk, el dueño de Tesla, asegurando que “el litio es muy común en la tierra, lo que importa es la capacidad de refinación”, a lo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, contestó: “él está minimizando la relevancia de tener litio”, pues no es real que el elemento esté presente en toda la tierra, “Chile tiene 40 por ciento de esas reservas (…) hay interés en el mundo por litio y en particular por el que nosotros tenemos acá”.

Respecto de la capacidad de industrializarlo, Grau comentó que “es parte central de nuestra estrategia, nosotros queremos agregar valor, queremos que a partir del litio, por lo menos una parte de esa producción permita avanzar en la producción de bienes más complejos, acercarse a toda la cadena de baterías”.