En un ambiente en apariencia envidiable, en las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República sus integrantes se mostraban “políticamente correctos”, civilizados, con un diálogo que subrayaba lo “positivo” de la reforma a la Ley Minera (y tres más) aprobada el viernes anterior por la Cámara de Diputados y siempre con el ánimo de palomearla para llevarla al pleno. Pero, fue notoria la ausencia inicial de algunos legisladores de oposición, quienes, al apersonarse, comenzaron a poner peros, a echar palos a las ruedas, a retrasar la posibilidad de seguir el curso de lo acordado y a desmoronar el mundo feliz que se había construido.

¿Qué sucedió? De entrada, la ausencia de esos legisladores no fue casual (como el panista Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera), porque atendían las instrucciones de los barones mineros para evitar el avance en las citadas comisiones y, especialmente, cancelar la posibilidad de que el dictamen se aprobara. Lo denunció el senador Napoleón Gómez Urrutia: los grandes corporativos del sector “seguirán presionando para que nunca se aprueben cambios” a la ley que les regaló Salinas de Gortari en 1992. “Es lamentable lo que sucedió”.

Al iniciar el debate en las citadas comisiones los senadores que llegaron a tiempo calificaron, en términos generales, que fue “un buen avance” lo aprobado en San Lázaro, especialmente lo relativo a retomar la rectoría del Estado en la actividad minera, pero tampoco dejaron pasar las ausencias y “flexibilidades” en la misma (“es necesario no cegarse ante sus carencias y desviaciones que desde ahora nos convocan y comprometen a realizar una subsecuente tarea de revisión para que a la brevedad posible llevar a cabo la transformación que el país requiere pensando más en los mexicanos que en las enormes ganancias económicas de las empresas que explotan la riqueza nacional”, dijo uno de ellos).

Por ejemplo, más allá del “buen avance”, los legisladores enumeraron: “los trabajadores mineros no reciben una remuneración adecuada a su trabajo ni a los peligros a los que deben enfrentarse; nada puede ser mayor que los derechos humanos de los mexicanos; éstos deben privilegiarse y no las necesidades del capital privado; los neoliberales revivieron la explotación de la Colonia española; lo aprobado en San Lázaro no garantiza la justicia social de los trabajadores, pero sí permite continuar con la especulación financiera de las concesiones; la ley se ha venido flexibilizando a lo largo de los años para favorecer a los consorcios mineros sin tomar en cuenta el destino de las inversiones para favorecer el desarrollo económico y social del país; solo se consultó a los grandes corporativos del sector, pues ostentosamente se dejó afuera de cualquier acuerdo a pequeños y medianos empresarios del sector y, desde luego, a las comunidades y a los trabajadores; las modificaciones a la ley tienden a mantener el control” de los barones, y así por el estilo.

Pero, arribaron los legisladores de oposición, luego de recibir instrucciones de sus patrones, metieron ruido y el ambiente cambió: chantaje por la eventual “inconstitucionalidad” de la reforma aprobada; “reservas” y más “reservas” para retrasar el procedimiento; la industria minera “no se puede tratar a la ligera, por lo que no merece un trato como el que se le está dando aquí, más allá de lo que diga esta ley”; parece ofensivo; no deberíamos aprobarlo todavía; hay que darnos un tiempo razonable previo a la votación y, la cereza, declararse en sesión permanente.

Ante tal panorama, el senador Gómez Urrutia subrayó que la Ley de Minería no se ha tocado en 31 años ni modificado en ningún sentido; “si acaso, para flexibilizar aún más a favor de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras”, y ante la decisión de que la sesión sea permanente advirtió que “se va a mezclar con los tiempos políticos y se puede complicar más. Es un hecho que los grandes corporativos presionaron para que no se cambie nada y los partidos de oposición se doblaron”.

Las rebanadas del pastel

Sigue la “persecución política (Santiago Creel dixit) contra los panistas en la alcaldía Benito Juárez: “el socio mayoritario del desarrollo City Towers, Dionisio N, denunció que entregó más de 43 millones de pesos al ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich …Un departamento para el suegro del diputado federal del PAN, Jorge Romero, para que el proyecto fluyera” ( La Jornada, Laura Gómez Flores).

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