Comisiones del Senado dieron ayer marcha atrás al límite de gasto en comunicación social, establecido en el plan B de la reforma electoral, para las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Al aprobar reformas a la Ley de Comunicación Social, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda eliminaron el tope de 0.1 por ciento del presupuesto y establecieron que los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la capital del país determinarán su propio límite de gasto considerando los principios de austeridad, economía y racionalidad presupuestaria.

El panista Damián Zepeda dijo estar de acuerdo en limitar el gasto en comunicación social, pero el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para meterse en las haciendas públicas locales. La Constitución protege a estado y municipios. Ellos son los que tienen que determinar cómo se gasta el recurso propio.

Agregó que muchos congresos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias contra esa parte del plan B, ya que “invadimos atribuciones”.

Zepeda añadió que la modificación avalada ayer corrige un error del plan B y explicó que “es un absurdo regular igual a los desiguales. 0.1 por ciento para la Federación es mucho dinero; de 8 billones, 0.1 por ciento te da 8 mil millones, un dineral, pero si agarras un municipio de mil millones y le aplicas 0.1 por ciento, pues es un millón”.

Estimó que, sin duda, los congresos iban a ganar en la Corte este punto, y qué “bueno que se esté corrigiendo aquí, pero yo sí quiero cuidar que no se mande un mensaje equivocado de que estamos de acuerdo en que se gaste en comunicación, no, ellos tendrán que poner sus propios criterios” con base en los principios de racionalidad y austeridad.

El dictamen pasó a la Mesa Directiva del Senado para ponerlo a consideración del pleno en las próximas sesiones.