Hace 17 meses falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca (controversia constitucional 121/2012). Su discusión no fue ajena al temor de caer en el terreno político. Ello devela la idea de que el derecho no se utilice para resolver problemas sociales o políticos, señalaron en los debates del pleno del máximo órgano del Poder Judicial. Es una primera llamada de atención, pues en tratándose de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho agrario en general esa es justamente la materia por la que se acude a tribunales. Eso cuando logran hacerlo y, generalmente, con historias de impunidad y despojo a cuestas.

Es urgente un análisis que trascienda los efectos formales colocando la historia y la política como los determinantes que en muchas ocasiones minimizan o prácticamente desplazan a la fuerza que el derecho como herramienta de lucha debería tener. Recordemos que el gobierno de Oaxaca estimó en su controversia, que se invadió su territorio mediante el decreto 008 (23/11/11) por el cual, el de Chiapas creó el municipio de Belisario Domínguez. Se mostraron evidencias de que el conflicto de límites es anterior a ese hecho. Algo trascendente en la SCJN fue reconocer que el conflicto de límites se presentaba en dos de las entidades con mayor presencia indígena, por lo cual debían incorporarse los derechos de los pueblos, dado que la resolución los afectaría .Como sabemos, concluyeron que Oaxaca fue afectado por Chiapas y anotaron que ello no anula automáticamente las resoluciones agrarias federales que se han emitido en ambas entidades, por lo que ordenaron a sus congresos que realicen las modificaciones pertinentes a sus constituciones y leyes respectivas en 30 meses, a efecto de que incorporen los puntos limítrofes de la frontera entre ambas, que se reconocieron y precisaron en su sentencia.

En ella se estableció la devolución de un territorio de 162 mil hectáreas de selva a comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, las cuales habían sido invadidas por ganaderos de Chiapas y talamontes. La resolución generó reacciones políticas. Por una parte de quienes se consideraron agraviados del lado chiapaneco. Mientras que en Oaxaca los pueblos que por décadas lucharon por recuperar su territorio exigieron el cumplimiento a la resolución. A 17 meses, hoy tenemos señales en torno a la ejecución de la sentencia de la Corte y también de la reactivación del conflicto pues del lado chiapaneco representantes ejidales reclaman que tienen respaldo en sus resoluciones agrarias y exigen a los gobiernos federal y la estatal mesa de diálogo.

Es interesante que hablen de que “se resuelva el conflicto por la disputa de 160 mil hectáreas, ya que sus vecinos de Oaxaca han amenazado con desalojarlos”. Y agreguen: “los oaxaqueños quieren las tierras sin personas”. Es decir, evaden el peso de la decisión de la SCJN. Nada más para señalar otra de las aristas de la mirada social en torno a la función del derecho. Así, el 18 de abril, los gobernadores morenistas de Chiapas y Oaxaca, Rutilio Escandón Cadenas y Salomón Jara Cruz, firmaron lo que llamaron convenio amistoso en cuanto a los límites territoriales que sus estados comparten, con el que buscan “dar por concluidos los conflictos y confrontaciones que se presentaban entre pueblos hermanos, para caminar juntos hacia el progreso y bienestar en ambos territorios”.

Habrá que ver si ya se puede hablar del conflicto en pasado y anotar que es real que no fueron ellos los que avalaron el despojo hace cinco o seis décadas y si sus homólogos que en su momento por omisión o activa complicidad lo propiciaron. Resulta que aquí hablamos de responsabilidades de Estado. Previamente el gobernador chiapaneco fue autorizado por el Congreso local para firmar dicho convenio de límites territoriales, y a su vez, el de Oaxaca reformó el artículo 28 de su Constitución para establecer los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas, en cumplimiento de la resolución dictada por la SCJN y autorizar la firma del referido convenio amistoso a fin de reconocer los límites actuales entre los municipios de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, en Oaxaca, y los municipios de Arriaga y Tonalá, en ­Chiapas.

Los gobernadores insistieron en que se ha consultado a las personas que están en los límites de Chiapas y de Oaxaca y los apoyos oficiales continuarán. Está en curso una operación política. Habrá que ver si los ejidos chiapanecos cumplen con el respeto a los límites de manera pacífica y nos preguntamos si las comunidades zoques en verdad desde la base apoyan el convenio amistoso. ¿Le tendrán que agradecer al gobernador y la fuerza del derecho propio reconocido por la SCJN quedará ­invisibilizada?