Al filo de la medianoche, la Cámara de Diputados avaló tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas. Con ello, se establecen penas que van hasta 15 años de prisión por falsificar autorizaciones o permisos de importación de dichas sustancias, que serán hasta de 10 años más cuando los responsables sean funcionarios públicos.

También, se establecen penas por la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.

La reforma, que parte de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, fue avalada en su discusión en lo general con 319 votos a favor y 126 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, que argumentaron que la propuesta le quita facultades al Consejo de Salubridad General y generará un incremento en los costos de producción de medicamentos.

En el dictamen se definió que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional, coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, para la producción de drogas sintéticas.

Las personas físicas y morales que realicen el transporte terrestre, marítimo o aéreo de precursores deben dar aviso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la Marina, según corresponda, y “deben registrar cada actividad regulada que realicen en el Sistema Integral de Sustancias, en un plazo que no exceda 24 horas”.

La información de dicho sistema será de carácter reservado, y “sólo será proporcionada por orden de juez de control federal en materia penal en delitos contra la salud por delincuencia organizada”.

Quien haga uso indebido o sustraiga información del sistema sin la autorización correspondiente recibirá penas hasta de siete años de prisión, que se incrementará en dos terceras partes si se trata de un servidor público.

A quienes posean precursores químicos o máquinas para elaborar medicamentos sin contar con autorización se les impondrán penas de siete a 10 años de prisión.

También, prohíbe la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería. Se definen penas hasta de ocho años de cárcel por incurrir en esa práctica.

El morenista Emmanuel Reyes Carmona apuntó que “en la presente administración se han realizado acciones en contra la producción de drogas sintéticas por un valor (de afectación) de un billón 198 mil millones de pesos”, además de desmantelarse 127 laboratorios y se han incautado más de 4 mil kilogramos de fentanilo.