Santiago. Al tiempo que el gobierno chileno presentaba su anticriminal plan Calles sin Violencia, que incluye la intervención policial en 22 municipios del Gran Santiago y de otros 24 a nivel nacional, en una de las comunas capitalinas excluida de ese diseño, comenzaba lo que eufemísticamente se denomina “funeral de alto riesgo”: el sepelio de un delincuente común muerto en su ley.

El sepelio se caracteriza por que los familiares, los amigos y los compinches del fallecido –después de varios días de velatorio donde predominan los fuegos artificiales disparados a mansalva principalmente en noches y madrugadas, combinados con ráfagas de balazos al aire–, se dirigen al cementerio en una caravana de vehículos generalmente nutrida que, mientras avanza por la ciudad, muchos de quienes la integran hacen ostentación de armas, cánticos y presencias amenazantes; mientras la policía hace un acompañamiento que parece una escolta que garantiza el tránsito expedito, aunque recientemente procura ejercer un mayor control y efectuar detenciones.

En el caso de ayer, el finado era Moisés Gallardo Cornejo, ladrón internacional de 32 años, alias El Mota, muerto hace cerca de un mes en Roma, Italia, donde residía desde hace siete años, al caer del quinto piso del edificio donde vivía. Desde que se dio la noticia del deceso, en la población Lo Valledor, comuna de Pedro Aguirre Cerda, de la que era oriundo y donde está la casa de sus familiares, comenzaron el “velatorio” con salvas prácticamente a diario, las cuales se incrementaron salvajemente durante el fin de semana, cuando el viernes el cadáver repatriado fue entregado a los parientes.

El alcalde de la comuna, Luis Astudillo, dada la tensión reinante y el riesgo inminente de “balas locas”, decidió suspender las clases en escuelas, liceos y guarderías infantiles.

“Hemos tenido que llegar a esta medida extrema que no nos gusta; es algo que hacemos en contra de nuestra voluntad, pero no podemos arriesgar la vida de los más pequeños, la de la comunidad y tampoco la de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna”, explicó.

“Estamos agotados, no sabemos qué hacer frente a esta situación de violencia. Lo que estamos viviendo en Pedro Aguirre Cerda es una verdadera pandemia de violencia y delincuencia“, añadió.

Al explicar la indefensión que sienten, narró: “recibimos (la policía) una camioneta blindada para nuestro territorio. Me habían señalado que va a ser por tres meses, pero yo no la voy a soltar. Si me tengo que amarrar a la camioneta para que no se la lleven, lo voy a hacer“, prometió.

Nada de lo narrado es inédito, tampoco insólito, ha ocurrido muchas veces en Santiago y otras ciudades, donde los “funerales de alto riesgo” y/o narcofunerales suceden todos los meses, los más recientes en marzo en Viña de Mar y hace tres semanas en Valparaíso, donde 15 colegios y universidades se paralizaron al paso del cortejo.

Lo narrado no tiene nada de tragicómico, pero sí parece un sarcasmo feroz, porque mientras aquello ocurría, en el centro de la capital las autoridades proclamaban el inicio del plan que persigue atajar el incremento de los homicidios y otros delitos de alta connotación pública.

Calles sin Violencia se ejecutará paulatinamente a partir de mayo en los 46 municipios que acumulan 65 por ciento de los delitos más violentos y donde vive un tercio de los 19 millones de habitantes, pero hay decenas de alcaldes que están exigiendo al gobierno que sus municipios sean incorporados.

De acuerdo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en 2022 hubo mil 253 asesinatos, de los cuales 55 se cometieron en el centro histórico de Santiago; con lo cual la tasa de homicidios fue de 4.7 por cada 100 mil habitantes, muy superior a 2.8 de 2012, y la más alta en 10 años.

El año pasado Chile vio crecer un 44 por ciento la delincuencia en comparación con 2021, según cifras oficiales.