Pobre cúpula panista, tan fina ella, porque por su corrupción galopante y documentada, ahora se dice víctima de “persecución política”, según denuncian, entre otros, Santiago Creel y Marko Cortés, al grito de #todossomosdelcártelinmobiliario. ¿Y de qué la acusan? Prácticamente de nada, una bicoca: de obtener ilegalmente 7 mil 142 millones de pesos, hasta ahora, vía el cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El reclamo viene por la aprehensión de varios funcionarios panistas de esa demarcación involucrados en el citado cártel, la más reciente del ex alcalde Christian von Roehrich (2015-2018), una de las cabezas, quien hoy duerme no en un departamento de lujo de los tantos que se apañó, sino en una cómoda celda en el Reclusorio Norte. La Jornada (Sandra Hernández García) lo reseña así: “toda la cúpula del PAN en Benito Juárez está implicada en el caso City Towers” (una enorme torre de departamentos en la colonia Santa Cruz Atoyac), y 14 departamentos de lujo en ese inmueble “son de funcionarios” blanquiazules. “Todos están coludidos hasta las manitas”, de acuerdo con Rodrigo Muñoz Dromund, abogado de las víctimas –él entre ellas–.

La reseña jornalera detalla que el abogado Muñoz informó que “se dará a conocer el listado completo de los dueños, entre quienes figuran el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina; Federico Chávez Semerena, quien sustituyó a Christian von Roehrich como diputado en el Congreso local y se desempeñó como su secretario particular en la jefatura delegacional; los hermanos Luis y Víctor Mendoza –el primero aspira a gobernar la demarcación y el segundo se encuentra prófugo de la justicia–; así como Raúl Torres, actual diputado migrante”. Al preguntarle si el diputado federal Jorge Romero (jefe delegacional de 2012 a 2015, y actual legislador federal) cuenta con un departamento (en City Towers), el abogado dijo estar “seguro que sí, pero no lo hemos detectado; sospecho que él utiliza prestanombres, igual que Santiago Taboada. Todos están coludidos hasta las manitas” (ídem). Como se constata, la “persecución política” es feroz en contra de los panistas del cártel inmobiliario.

No es nuevo el expediente de esa banda de ladrones, pero la intensidad de la “persecución política” de quienes dicen sufrirla va en aumento según crece el número de detenidos por la justicia capitalina, todos relacionados con el cártel inmobiliario.

Por ejemplo, en diciembre pasado, Santiago Creel, acompañado por Marko Cortés y Jorge Romero, advirtió (en referencia a Christian von Roehrich): “si te tocan a ti, nos tocan a todos … Estamos contigo, no estás solo, aquí estamos todos unidos”, mientras el coro lo hacían solidarios militantes panistas que gritaban “no estás solo”. Y bueno, parece que Creel tenía razón, porque todo indica que la cúpula panista en Benito Juárez está involucrada en los enjuagues inmobiliarios; es decir, si encarcelan a uno deberán acompañarlo los demás, porque, de acuerdo con la justicia capitalina, hay muchísima tela azul y blanca para cortar.

También en diciembre pasado, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, Carlos Alberto Ulloa Pérez, denunció que, hasta ese momento, la corrupción inmobiliaria (sólo de los panistas) en la alcaldía Benito Juárez se traducía en 7 mil 142 millones de pesos, y detalló que –también hasta esa fecha– en total se detectaron 130 inmuebles ligados al cártel, con 264 niveles “excedentes”, la mayoría de ellos “con cinco, seis y hasta siete más”. La alcaldía Benito Juárez ha sido “gobernada” ininterrumpidamente por el PAN desde el año 2000, aunque en 1995-1997 en la oficina principal despachó la blanquiazul María Gómez-Mont, hermana de Fernando del mismo apellido, secretario calderonista de Gobernación.

He ahí, pues la “persecución política” de la que tanto se quejan Creel, Cortés y su banda.

Las rebanadas del pastel

Atento mensaje a la pandilla panista: “quienes con la victimización política quieren detener la acción de la justicia en realidad desean politizar la acción del Ministerio Público; quienes piden cesar la investigación de delitos porque los responsables son o fueron servidores públicos o legisladores, demandan el privilegio de la impunidad; pretenden que la política determine algo diferente a lo que la evidencia demuestra; la corrupción es un delito, no un derecho político” (Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la CDMX).

Twitter: @cafevega