La titular de la Fiscal General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que no habrá impunidad, y mucho menos se sujetará la acción del Ministerio Público a consideraciones políticas en el caso del ex jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Christian von Roehrich, preso en el Reclusorio Norte tras ser acusado de diversos delitos vinculados a la autorización ilegal de obras y edificaciones a cambio de dinero e inmuebles.

En alusión a los panistas –quienes denuncian una persecución en su contra–, pero sin mencionarlos, la fiscal consideró que quienes con la victimización política quieren detener la acción de la justicia, en realidad quieren politizar la acción del Ministerio Público; y quienes piden que cese la investigación de delitos porque los responsables son o fueron servidores públicos o legisladores, demandan el privilegio de la impunidad, pues pretenden que la política determine algo diferente a lo que la evidencia demuestra.

En la presentación del informe de incidencia delictiva en el Museo de la Ciudad de México, sostuvo que la corrupción es un delito, no un derecho político, por lo que su combate es una obligación constitucional de la fiscalía y convicción del gobierno local.

Aseguró que desde el inicio de su gestión la fiscalía actúa de manera autónoma, cercana a las víctimas, y desarrolla una investigación profesional, objetiva y científica, donde las pruebas, y sólo las pruebas, determinarán la responsabilidad de las personas imputadas con algún delito.

“En materia de corrupción, cero impunidad, y en eso seremos implacables”, expresó, al señalar que se han reunido pruebas técnicas, financieras y documentales contra el ex delegado panista que les dan la convicción plena de la existencia de diversos delitos que pueden ser juzgados y sancionados por la autoridad judicial.

Recordó que las contribuciones públicas, los bienes de la ciudad, las obras, adquisiciones y la actividad regulatoria del gobierno cumplen con una función social, indispensable para el bienestar general de la comunidad, y están regidos por las leyes y a principios que rigen la actuación de las personas servidoras públicas.

Godoy también aprovechó para agradecer al gobierno de Estados Unidos, por conducto de la embajada, al Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía General de la República por el apoyo y colaboración para la detención del panista ocurrida el jueves anterior en Reynosa, Tamaulipas, a donde fue deportado cuando intentó cruzar la frontera.

Se actúa conforme a derecho en las pesquisas sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía BJ, afirma la mandataria // “Por lo que entiendo, se van a presentar más evidencias”

Rocío González Alvarado

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la investigación que realiza la fiscalía capitalina sobre la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez se actúa conforme a derecho, luego de recordar que quien determina si hay una orden de aprehensión es un juez, cuando considera que hay pruebas suficientes para liberarla.

Luego de que el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, presentó una denuncia en contra de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, por la elaboración de un supuesto video que será difundido para incriminarlo con el cártel inmobiliario, la mandataria dijo que desconoce hasta dónde llegan las indagatorias, pues la servidora pública es muy reservada en dar información sobre este proceso.

Sin embargo, señaló que durante el gabinete de seguridad se les compartió que van a presentar algo especial, pero no hay mayor información. “Entonces, hay que estar pendientes; a ver qué dice esta semana la fiscalía, que por lo que entiendo va a seguir presentando más pruebas”, expresó.

Afirmó que tiene mucha confianza en la fiscalía, pero en este caso, acotó, no sólo es el trabajo de investigación que ha realizado la dependencia, sino que ahora existe la denuncia de un empresario que detalla cuál es el modus operandi de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez en la que participó.

“Por primera vez una persona que de alguna manera fue partícipe de este proceso denuncia, pues normalmente, cuando hay corrupción de este tipo, es en secreto, es clandestino el moche que se le pudiera dar a un funcionario; o este otro modus operandi, donde se les pedían departamentos a cambio de que pudieran tener más pisos.”

Destacó que por lo que presentó la fiscalía el martes pasado “hay pruebas de ello, no solamente dichos”, y consideró que es importante señalar que además de la corrupción, el problema es que al haber construido pisos de más hay una afectación a los habitantes, porque hay menos agua y se genera más tránsito.