Semana crucial en el Senado de la República, última del actual periodo de sesiones, durante la cual los legisladores deberán analizar, modificar o aprobar los “cambios” a la Ley de Minería que tres diputados morenistas (Ignacio Mier, Aleida Alavez y Manuel Rodríguez) elaboraron sobre las rodillas (sólo tras “consultar”, exclusivamente, a los corporativos del ramo) y el pleno en San Lázaro los aprobó con el fin de hacer a un lado (léase desechar) la iniciativa que, sobre el sector, presentó el Ejecutivo federal casi un mes atrás, la cual, dicho sea de paso, permitiría terminar con el “extractivismo voraz” de los consorcios nacionales y foráneos, recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo y “poner orden” en esta actividad.

No fue así, porque según el trío de diputados que se menciona, su iniciativa se orientó a “flexibilizar” la del Presidente, pero como bien lo denuncia el senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros e integrante de la Comisión de Minería del Senado, “el riesgo de ese cambio es que permitiría continuar con la misma concentración de la riqueza minera del país en una cuantas empresas nacionales y extranjeras, que por tener tanto territorio se dedican luego a la especulación inmobiliaria y negocian con tierras que son patrimonio de la nación”.

Por ello, subraya, “es lamentable que en la Cámara de Diputados se haya cambiado parte central de la iniciativa de la Ley Minera propuesta por el presidente López Obrador, que iba encaminada a modernizar el sector y acabar con excesos de las grandes empresas” y sentar las bases para un desarrollo justo de la actividad minera en beneficio del país, la ecología, las comunidades y los trabajadores. Por lo mismo, no es descartable, en la última semana del periodo ordinario de sesiones, la posibilidad de que en esa instancia legislativa “se hagan ajustes” a lo aprobado en San Lázaro.

Lamentable, pues, en especial por tratarse de un grupo de legisladores que supuestamente están a favor de la transformación y de la cancelación de privilegios, aunque en los hechos parecen muy enfocados a que nada cambie en este país. Con las “modificaciones” aprobadas en San Lázaro “persistiría la explotación irracional de los trabajadores y de los recursos minerales del subsuelo. Eso es lo que se necesitaba controlar y limitar, porque los empresarios mineros estaban en libertad de hacer lo que quieren”.

Es más que conocido el modus operandi de los barones, y desde la presentación misma de la iniciativa presidencial, por medio de la Cámara Minera de México presionaron para cambiarla, la cual establecía que las concesiones serían por 15 años para acabar con ese negocio con la especulación de la tierra”, dijo Gómez Urrutia, quien subrayó que el “cambio” a la ley “no tomó en cuenta la opinión de pequeñas y medianas empresas del ramo, ni de los sindicatos y los trabajadores”. Por ello, en lo que resta del actual periodo ordinario, “debemos hacer un trabajo serio y profundo, y si el tiempo no alcanza, entonces pensar en un periodo extraordinario”.

Lo dicho: los tres legisladores “cambiaron” la ley para no cambiar nada, para mantener intocados a los barones y desprotegidos al medio ambiente, a las comunidades y a los trabajadores. Como bien lo ha señalado la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, los corporativos mineros “no son blancas palomitas; tienen problemas en todo el mundo, y después de los hidrocarburos, el contrabando más fuerte es el de minería, más que los textiles, los zapatos y la ropa”. Además, “el sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionada con las regulaciones legales; los grandes contribuyentes pagan 2.4 por ciento de sus ingresos totales; nosotros, que estamos asalariados, pagamos entre 30 y 35 por ciento, y las mineras apenas 0.002 por ciento de sus ingresos totales; no hay sector más beneficiado que el minero, pues los ingresos que consiguen respecto de los impuestos que pagan son muy superiores; además, los empleos en el sector son muy mal pagados y de lo que se trata es de dignificarlos”.

Las rebanadas del pastel

Dice Santiago Creel que en el caso del panista Christian von Roehrich y el cártel inmobiliario, “que se aplique la ley sin sesgo de carácter político”. ¡Claro!, como lo hizo él, junto con la pandilla blanquiazul (Fox incluido) en el desafuero de López Obrador en 2005.

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