Los servidores públicos deben abstenerse de realizar actividades proselitistas, señaló la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta comisión, integrada por tres consejeros, está facultada para ordenar medidas cautelares, entre ellas retirar mensajes o prohibir la realización de ciertos actos o la emisión de expresiones cuando se considera de manera preliminar que se está frente a un ilícito.

Quejas y Denuncias trabaja con base en los proyectos elaborados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y funge como filtro de lo que se llevará a consideración del consejo general del organismo.

Recientemente, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han incrementado las denuncias de presuntos actos anticipados de campaña, propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos, particularmente de aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República.

Consultada al respecto, Zavala subrayó en entrevista: “Lo que tenemos que decir a todas las personas que ejercen el servicio público es que ahorita no son los tiempos electorales. Como servidores públicos tienen deberes reforzados, como neutralidad en su comportamiento e imparcialidad en el uso de los recursos”.

Les sugirió que si detectan estos apoyos o conductas “válidamente puedan generar estrategias desde sus redes para hacer un llamado a la ciudadanía a que eviten hacer ese tipo de cosas, que probablemente pueden contravenir la ley”.

En esta comisión participan dos de los cuatro nuevos consejeros: Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura. Junto con Zavala, los tres son especialistas en derecho constitucional, han sido consejeros electorales a nivel estatal y los dos últimos cuentan con experiencia en el ámbito de los tribunales electorales.

Precisamente este conjunto de abogados determinará cuándo se presuma la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña, especialmente frente al megaproceso electoral 2023-2024, que incluye la sucesión presidencial.

Sin embargo, hasta ahora hay distintos criterios al respecto tanto en el INE como en el TEPJF.

Zavala comentó que si bien cada caso es particular, hay tres elementos a valorar: personal, subjetivo y temporal. En este último son notables las diferencias, porque mientras algunos consejeros o magistrados consideran que se está todavía lejos del inicio del proceso electoral de 2024 (en septiembre), y por lo tanto no hay ilícito que señalar, otros advierten que desde ahora es necesario poner límites, así sea que en muchos casos tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión.

A propósito de un caso reciente, en el que Zavala proponía que el secretario de Gobernación se deslindara de la autoría de ciertos mensajes, sus nuevos colegas sostuvieron otra posición. La consejera rechazó que encuentre resistencias, sino distintos puntos de vista al analizar cada circunstancia.