Guadalajara, Jal. Ante la falta de un relleno sanitario común, el área metropolitana de Guadalajara, la segunda más grande del país, enfrenta una crisis respecto a la disposición final de más de 5 mil toneladas de basura que generan al día los nueve municipios que la integran.

La problemática se hizo evidente en noviembre del año pasado, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró en Tonalá el vertedero de Matatlán, el cual, aunque desde hace años debió cerrar, era utilizado de forma irregular por la empresa concesionaria de recolección de residuos, Caabsa Eagle.

Después de que dejó de funcionar este lugar, se comenzó a usar de manera provisional la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos El Cielo, también en Tonalá; sin embargo, ésta es repudiada por los vecinos, quienes se quejan de que su entorno se ha deteriorado con el paso continuo de los camiones recolectores, los escurrimientos de lixiviados y los malos olores.

El ayuntamiento, encabezado por el morenista Sergio Chávez, asegura que se trata de un sitio temporal, en el que se trabaja con el mayor cuidado para no contaminar y que será cerrado a finales de este año.

El cierre de Matatlán provocó problemas no sólo a Tonalá, que tira su basura en Zapotlanejo luego de reunirla en El Cielo, sino también a Tlajomulco, que la envía hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, así como a Guadalajara y Zapopan, que usan el vertedero de Picachos ubicado en este último municipio, ante la falta de un basurero metropolitano.

Fue tan notoria la complicación que, a finales del año pasado y principios de éste, las calles de Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco lucieron con bolsas llenas de desechos acumuladas en las esquinas o lotes baldíos debido la escasa recolección, lo que repercutió en malos olores, contaminación y fauna nociva.

Desde la llegada en 2018 del actual gobierno estatal encabezado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, los políticos de este mismo partido que gobiernan las ciudades más grandes del área metropolitana, como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, no han podido encontrar una solución conjunta y de largo plazo a esta situación.

En septiembre de 2019, menos de un año después de su llegada a la administración estatal, Alfaro planteó el proyecto que llamó Jalisco Reduce, que pretende no sólo disminuir la producción de basura, sino fomentar su separación y lograr, entre todas las ciudades conurbadas, una “economía circular” que aproveche lo que es posible reciclar.

Tres años y medio después ni siquiera hay un mediano avance de este plan gubernamental y más bien se han tenido que implementar medidas emergentes para evitar que la metrópoli se ahogue en sus propios desechos.

El 30 de enero pasado, el gobernador afirmó que “a más tardar” a mediados de año se concretará dicha solución planteada a principios de su gobierno, en la cual el Instituto Metropolitano de Planeación “ha estado trabajando con los municipios”, quienes según Alfaro son los directamente responsables del manejo de la basura que generan.

La estrategia considera construir dos “centros integrales” en los cuales se separarían los residuos para su aprovechamiento, habría reintegración de materiales al sector productivo, así como transferencia, tratamiento y disposición adecuada de los residuos no valorizables.

No obstante, una de las razones por las cuales el proyecto Jalisco Reduce no ha avanzado es que ni siquiera esos espacios han podido construirse. Y es que uno de ellos se establecería en el municipio de Tala, donde los habitantes se opusieron a su edificación.

En tanto, el otro sitio estaría en donde ahora se encuentra el tiradero de Picachos, en Zapopan, el cual desde hace años también ha sido motivo de protestas por la contaminación que produce en las inmediaciones de la barranca de Huentitán, afectando arroyos y afluentes del río Santiago.

Tanto Guadalajara como Zapopan, que por su tamaño y población son los municipios que producen más basura en el área metropolitana, después del cierre del vertedero de Matatlán utilizan temporalmente el de Picachos.

El 21 de diciembre del año pasado el grupo denominado Pueblos de la Barranca del Río Santiago presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para rechazar el anuncio de que sería ampliado Picachos, ante la necesidad de llevar ahí los residuos de la capital del estado.

“Dicho proyecto implica no sólo la tala de árboles en donde se expandirán las celdas (de captación de basura), sino también representa mayores riesgos para la población, dado que más que dar un tratamiento adecuado a los residuos se basa en enterrar la basura, lo que provoca montañas de suciedad y contaminación, a lo cual se suma la falta de tratamiento de los lixiviados”, dice la denuncia.

La Proepa, contrario a su homóloga federal que clausuró Matatlán, respondió hasta el 16 de enero pasado que se encuentra revisando las actas de inspección para saber si efectivamente existen irregularidades en la ampliación de Picachos y resolver en consecuencia.