Buenos Aires. La decisión del presidente Alberto Fernández de renunciar a una posible candidatura para relegirse en las próximas elecciones generales del 22 de octubre provocó una reacción generalizada en medio de una crisis que ha colocado al país bajo una guerra económica, judicial y mediática impidiendo cumplir con los compromisos sociales que son claves en cualquier gobierno de origen peronista, a la vez que obligó a definir fechas para las alianzas de unidad del gobernante Frente de Todos (FDT) que, como la oposición política de derecha y ultraderecha, tiene comicios internos que no se estaban superando.

El mandatario aseguró en un video que entregará la banda presidencial el próximo 10 de diciembre y trabajará para que “sea un compañero o compañera de nuestro espacio político” y “con la certeza de no haber tomado una sola medida en contra de nuestro pueblo”.

Fernández aseguró que la decisión ya estaba tomada desde hace tiempo y se adelantó para concentrar sus fuerzas en resolver los problemas de los argentinos, además de dar tiempo a la elección de candidatos que “garanticen que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”.

Sin embargo, no lo habló con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni, al parecer, con su ministro de Economía, Sergio Massa, con quien estuvo reunido, supuestamente ante la gravedad de las medidas empresariales del poder económico local, que hizo disparar el dólar blue (clandestino) a 445, lo que de inmediato lleva a los comerciantes a aumentar los precios respecto de dicha cotización y no al dólar oficial, provocando el alza de los precios, alimentos y demás a valores que lleva a una mayor cantidad de argentinos a bordear los límites de la pobreza y la indigencia.

Hay tensión social y un fuerte rechazo por parte de los peronistas sindicalistas, quienes tienen una cantidad de reclamos agravados en estos días por la abierta injerencia de Estados Unidos y su representante diplomático Marc Stanley.

Entre los visitantes de alto nivel figuraron el líder de la Comisión Reguladora Nuclear, Christopher Hanson, quien recorrió Atucha, el Centro Atómico de Bariloche. También vino una delegación de senadores demócratas y republicanos. En los días recientes estuvo la generala Laura Richardson, jefa de la flota del Comando Sur, quien ya visitó antes el país, después de mencionar los intereses en los recursos naturales claves de Argentina.

Las visitas de altos funcionarios estadunidenses, desde la pasada reunión del presidente argentino con su par, Joe Biden, a fines de marzo pasado, y las presiones para que se desconozcan todos los acuerdos comerciales con China y Rusia, que estaban activando centrales hidroeléctricas y otras potentes obras, también fueron criticadas, tanto como la inflación y otros temas que afectaban la soberanía.

La comparación con el discurso, continuidad y ampliación de los acuerdos firmados con China por el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, expusieron abiertamente las diferencias con la Argentina de Fernández.

Lula denunció en su visita al gigante asiático las presiones de Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el gobierno argentino para pagar los intereses de una deuda ilegal de 45 mil millones de dólares contraída por el ex presidente Mauricio Macri, dinero fugado del país, cuyos intereses está cobrando hoy a Argentina. El mismo FMI, que violó sus propias normas prestando ese dinero para ayudar a relegirse a Macri en 2019, ahora le presta millones para pagar los intereses, con lo que el país se endeudó más.

Esta tarde se realizó una reunión de dirigentes del Frente de Todos, a la que no concurrieron ni Alberto Fernández ni la vicepresidenta, y se decidió la fecha del 16 de mayo para el Congreso donde se discutirán los candidatos que irían a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, donde cada partido expondrá los candidatos al voto popular, lo que permitirá terminar con internas y tranquilizar a los militantes.