Cuernavaca, Mor. Ante el “fracaso” del sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos en casi todo el país, José Raúl García Barrios, economista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que “una sola medida” puede impulsar la reversión del problema y frenar el deterioro sanitario y ambiental del país: la separación de residuos orgánicos e inorgánicos.

García Barrios, especializado en recursos naturales y adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, dijo a La Jornada, sin embargo, que una acción así requiere una decisión política del gobierno federal.

El experto destacó que de las 120 mil toneladas de residuos sólidos que se generan a diario en todo el país sólo 7 por ciento se recicla. Subrayó, además, que de los cerca de 2 mil rellenos sanitarios que hay en México, ninguno cumple al cien por ciento con las normas ambientales para su operación.

El académico apuntó que hay diversas causas de la situación a la que ha llegado la recolección y disposición final de residuos, pero entre ellas está el “desmantelamiento de la capacidad del Estado” para cumplir el servicio público.

La estrategia privatizadora

Los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN buscaron en las últimas tres décadas una “estrategia para la privatización” de los servicios de recolección de basura en casi todos los municipios del país, resaltó.

Pero el tiempo ha demostrado que la privatización no soluciona este “problema multifactorial”, porque el negocio de las empresas “está en enterrar los residuos, o sea, en recolectarlos y disponerlos en rellenos sanitarios”.

Precisó que unos 15 rellenos sanitarios cumplen con 75 por ciento de la normatividad, a entre 150 y 200 se les llama “controlados”, con menor rango de cumplimiento y el resto son tiraderos a cielo abierto.

Casi todos los rellenos sanitarios del país están contaminando de manera directa el medio ambiente, el agua, el aire, la tierra y la vida humana, animal y vegetal de México, añadió.

Desorden legal

García Barrios citó, además, como agravantes, que México tiene una legislación obsoleta en la materia, falta de coordinación entre gobiernos, ayuntamientos con participación limitada, sin rendición de cuentas y operando como juez y parte, así como causas sociales, culturales y económicas.

El mismo marco legal “es una invitación a la descoordinación”, expuso el investigador. El servicio es de competencia municipal, pero hay regulaciones para que intervengan, si es necesario, el estado o la Federación, lo que pocas veces ocurre.

El resultado “es un fracaso general” en todos los niveles, puntualizó. Los municipios están rebasados en sus capacidades para disponer de las 120 mil toneladas de residuos sólidos que generan los habitantes del país.

Pero no bastará sólo con una campaña de reciclaje, advirtió García Barrios. Se requiere una verdadera política de Estado que disponga de la infraestructura necesaria para la recolección separada (orgánica e inorgánica) y la disposición de residuos.

Para lograr ese objetivo hay que comenzar con cambios de hábitos en los hogares, en las escuelas, en los gobiernos y en las universidades públicas y privadas del país, con mejores prácticas de reúso y recuperación.

Mucho menor impacto

Con la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, expresó, de las 120 mil toneladas diarias de desechos, 45 mil toneladas de basura orgánica podrían reutilizarse como fertilizante; otras 45 mil toneladas de fracción inorgánica pueden recuperarse en el reciclaje y sólo unas 30 mil toneladas llegarían a los rellenos sanitarios.

“El costo económico y los impactos ambientales serían muchísimo menores”, subrayó. Pero una política de ese perfil requiere el apoyo del gobierno federal y acciones como una revisión cuidadosa de todos los convenios y contratos establecidos de los municipios con empresas recolectoras, que “podría encontrar verdaderas violaciones a la ley”.

Indicó que la fracción orgánica de los desechos en la actualidad no se valoriza, a nadie le interesa capitalizarla. En cambio, el Estado no tiene por qué seguir una política mercantil.

Los materiales orgánicos, agregó, si no los separan de los inorgánicos, se pudren y provocan los virus, las bacterias, la putrefacción, la fauna nociva, mientras la materia inorgánica separada es prácticamente inerte.

Esta fracción orgánica podría usarse como composta para fertilizar el campo y evitar químicos que han dañado a la tierra y a los campesinos mexicanos en su salud y economía, señaló.

Si no hay una acción decidida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persistirá la crisis sanitaria, consideró el académico. Esas 120 mil toneladas de basura en el país afectan la salud de los trabajadores de este sector y a los recicladores (pepenadores), que están expuestos a muchas enfermedades por la contaminación del aire, el suelo y el agua de su entorno.