Morena y sus aliados aprobaron anoche en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma a las leyes de Aeropuertos y Aviación Civil, que incorpora la figura de asignación a empresas del gobierno federal para administrar, explotar y construir aeropuertos, que, explicaron legisladores, permitirá al Ejército operar el Aeropuerto Felipe Ángeles y su propia aerolínea.

El dictamen, a partir de un proyecto de Morena, PT y PVEM, será discutido hoy en la sesión de la cámara y prevé permitir que empresas del Estado reciban en asignación la administración de aeropuer-tos y la operación de aerolíneas simultáneamente, explicó el presidente de la Comisión de Infraestructura, Reginaldo Sandoval (PT).

“Lo anterior favorece una mejor conectividad aérea en el país, incrementará la disponibilidad de vuelos y rutas en favor de los consumidores. Debe fomentarse la competen-cia en el sector, que opera bajo esquema oligopólico”, argumentó.

Durante una ríspida reunión de comisiones unidas de Comunicaciones, Economía e Infraestructura, Sandoval explicó que, aun cuando la reforma ya no incluye permitir operaciones de aerolíneas extranjeras entre rutas nacionales, o cabotaje, la cámara dará “seguimiento puntual” a las condiciones de los servicios que prestan las aerolíneas nacionales.

La oposición votó en abstención. El PAN objetó el alcance de la figura de asignación, pues autoriza al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a otorgar títulos de administración, explotación y operación de aeropuertos sin licitación pública.

“Se convierte en vía abierta para evadir los procesos de licitación, como es costumbre en este gobierno. Además, la asignación es indefinida. Se trata de una redacción que da pie a un amplio margen de discrecionalidad”, dijo la panista Diana Gutiérrez Valtierra.

El nuevo artículo 14 bis de la Ley de Aeropuertos aprobado en comisiones, sin atender las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, señala que la asignación “sólo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública”, interés público, general o social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional.

Ildefonso Guajardo (PRI) dijo que se insiste en invertir en una aerolínea gubernamental, cuando el mercado aéreo es de alto riesgo. Agregó que esta reforma es fácilmente sujeta de amparos, porque “es violatoria a la Ley de Competencia”.

En mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó a México a la categoría 2. Para tratar de recuperar el grado 1, el dictamen prevé que las atribuciones de vigilancia y supervisión en materia aeronáutica se transfieran de la SICT a la Agencia Federal de Aviación Civil. Se busca que, al facultar a la AFAC para emitir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria, se garantice la seguridad operacional, protección y eficiencia de las actividades aéreas civiles.