La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la prórroga de mandato, hasta el 31 de octubre de 2024, del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y de la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández.

Cuatro de los seis magistrados presentes en la sesión (Mónica Soto no asistió) rechazaron el proyecto de Janine Otálora, al considerar que debe ser respetado el principio de autodeterminación de los partidos políticos y en este caso el asunto fue aprobado por la mayoría de los congresistas de Morena, al admitir que no les convenía un proceso electoral interno que afectara su capacidad de organización frente a la contienda del año próximo.

Por un lado, la ponencia advertía la inconstitucionalidad de la prórroga debido a que no se incluyó el punto con suficiente antelación en el congreso realizado en septiembre pasado.

El tercer transitorio (de la reforma estatutaria) “no tiene asidero jurídico” y, además, porque las ampliaciones sólo se justifican en situaciones extraordinarias, argumentó Otálora. Esta perspectiva sólo fue acompañada por el magistrado presidente, Reyes Rodríguez.

Apenas se definió la tendencia (luego de las intervenciones en contra de Indalfer Infante, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y Felipe de la Mata), opositores a la dirigencia de Delgado –y promotores del juicio– interrumpieron a gritos y salieron del salón.

Afirmaron que hubo un acuerdo político de permitir la prórroga a cambio de congelar la iniciativa de reforma que pretendía limitar las facultades del TEPJF.

Debido a que las resoluciones de la sala superior del TEPJF son definitivas e inatacables, los inconformes –encabezados por John Ackerman– anunciaron que acudirán a instancias internacionales y persistirán en los recursos vigentes en contra del congreso de Morena y sus resoluciones.

Debate en un ambiente de presiones

En tanto, con diferentes matices, los magistrados opositores al proyecto dijeron que no hay evidencia de que se haya ocultado la información a los congresistas ni que se suprimieran los derechos de la militancia, como alegan los promotores del juicio; además, fue amplia la mayoría (62 por ciento de los congresistas) que votó en favor de los cambios, aunque al mismo tiempo reconocieron que hubiera sido deseable que el tema se introdujera con mayor antelación.

Vargas fue más allá al preguntar sobre los límites en las facultades del TEPJF. “Lo que a mí me preocupa es este principio de autoorganización y si vamos ahora a pasar del activismo judicial en temas parlamentarios al activismo judicial en términos de partidos políticos”. Hizo énfasis en que el proyecto incluye calificativos y juicios sobre la vida interna de un partido y la definición de sus estrategias político-electorales.

En la réplica, Otálora subrayó que el artículo 34 de los estatutos de Morena señala que los documentos que servirán de base para la discusión de los congresos deben hacerse públicos con dos meses de anticipación cuando menos.

La magistrada rechazó también que el proyecto sea “tendencioso” y es lastimoso que el debate “se haya dado en un ambiente de presiones tanto en días previos como en esta sesión pública… Me parece que eso es sumamente lastimoso para la justicia electoral y para la democracia”.