Jesús tiene 18 años en el servicio de limpia de la Ciudad de México, tras 14 trabajando de voluntario, es decir, sin recibir salario, en 2018 le dieron un puesto de eventual, por el que cada quincena tiene que entregar 100 pesos de sus ingresos al encargado de su campamento “para que no me quiten el contrato”.

El cobro de cuotas es el pan de cada día de los más de 34 mil empleados que se dedican a la recolección de la basura en la capital del país, sin importar si son de base, eventuales o voluntarios, deben pagar por todo a sus representantes sindicales, afirmó Julio Miranda, líder disidente a la dirigencia de la sección 1, limpia y transporte, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Según el mismo gremio, de ese universo, sólo 14 mil 436 trabajadores tienen base, mientras 10 mil se encuentran en el programa denominado Estabilidad Laboral, conocido como Nómina 8, con contratos anuales y algunas prestaciones sociales, sin antigüedad.

Se estima que hay otros 10 mil voluntarios, sin una relación laboral reconocida y cuyo único ingreso son las propinas que reciben de los vecinos por la recolección de la basura, aunque, aclaró Miranda, realmente se desconoce la cifra exacta, pues las alcaldías no los reportan como parte de la plantilla.

Uso clientelar

Aunado a ello, agregó, sufren la falta de insumos –como uniformes y guantes– y acoso laboral a quienes no son afines a la dirigencia sindical, encabezada por Hugo Ortiz, quien lleva nueve años en el cargo y usa de manera clientelar a los trabajadores para apoyar a candidatos que buscan cargos de elección popular.

Con salario de 2 mil 800 pesos mensuales como trabajador de Nómina 8, Jesús es uno de los 250 eventuales de su campamento que tienen que pagar al encargado designado por la dirigencia sindical 100 pesos quincenales, es decir, se lleva 25 mil pesos.

Ello, agregó, sin contar las cuotas que les piden cuando hay festejos como la Navidad, aunado a que los obligan a participar en marchas, ya del mismo sindicato o políticas, como en 2018, cuando se les obligó asistir a mítines de la entonces candidata al gobierno de la ciudad por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales.

Situación similar viven los voluntarios, quienes deben pagar 50 pesos diarios al jefe de sector, para que se le preste un carrito y les asigne una ruta para barrer y recoger la basura que los vecinos no pudieron entregar al camión, por lo que viven de las propinas de los ciudadanos, explicó Miranda.

Con el tiempo, agregó, si esa persona quiere conservar la ruta, tiene que pagar entre 2 mil y 8 mil pesos, según la alcaldía; las más caras, las zonas cuyos habitantes tienen mayor poder adquisitivo, como Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Para los empleados de base la situación no es distinta. Con un salario entre 8 mil y 12 mil pesos mensuales y prestaciones de ley, también tienen que pagar cuotas “hasta para pedir vacaciones”, explicó Gerardo, quien tiene más de 20 años como trabajador de limpia.

Cualquier solicitud de cambio de llantas, una refacción o hacer una compostura del camión recolector que deben atender las alcaldías, se tiene que triangular a través del sindicato, es decir, es un representante del gremio quien realiza el trámite y por lo cual exige una cuota.

“Una orden de reparación menor nos cuesta 500 pesos, y si se autoriza, te tienes que poner para el refresco para que te vayas al taller”, por lo que muchas veces, explicó, prefieren ser ellos quienes realicen la compostura, porque “nos sale más barato y rápido”, pues se evita que el camión pase varios días en el taller, sin trabajar, lo que merma los ingresos de quienes lo laboran.

“Es un sistema general de corrupción que está muy arraigado en el sindicato porque no rinden cuentas a nadie”, expresó Julio Miranda, quien agregó que la situación es más difícil cuando el trabajador no pertenece al grupo del dirigente gremial.

Gerardo, encargado de un camión recolector, modelo 1999, el cual “heredó” de su padre, quien murió de covid-19 hace dos años y quien era contrario al sindicato, motivo por el cual, denunció, es víctima de persecución de la dirigencia de Hugo Ortiz.

“Me quieren quitar el camión, cuando yo soy el relevo [de su familiar] y tengo mis documentos en regla”, explicó el trabajador, quien admitió que se tiene que llevar a su casa el vehículo, para que no se lo arrebaten.

Desde hace seis años el camión no ha recibido mantenimiento. “No nos han dado llantas, las hemos tenido que comprar nosotros; no nos han dado baterías, no tengo tarjeta para el servicio de lavado y engrasado, conforme van saliendo cosas, hay que irlas arreglando: que si la marcha o el alternador se descomponen, pues se va sacando poco a poco”, explicó.

Junto con él, trabajan siete personas, de base, Nómina 8 y voluntarios, que se reparten las propinas que les entregan los vecinos por recoger la basura. Ello, explicó Gerardo, después de descontar los 800 pesos diarios para el diésel del vehículo, ya que el sindicato, afirmó, se niega a entregar los recursos que aporta la alcaldía.

“Eso sale de la propina de los vecinos. Cuando murió mi papá, les dije a los sindicato que me echaran la mano, pero me dijeron que no, porque él no pertenecía a su grupo”, contó el trabajador.

La representación sindical, expresó Julio Miranda, “se ha transformado en una manipulación, control y vejación de los derechos humanos y laborales; los trabajadores no son representados por el sindicato o se les cobra una cuota por ser representados, les cobran por todo: herramientas, escobas, carritos”.