Washington. Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadunidense (DEA), bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a antiguos colegas, revelaron a la agencia de noticias Ap personas con conocimiento de la pesquisa.

Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia hay uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.

Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas; trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA.

También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Wa-shington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.

El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.

“Algunos de estos tratos parecen muy pantanosos”, aseguró Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight. Amey señala que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen “funciones que corresponden al gobierno”, como dirigir a empleados federales.

“Nunca se deben asignar contratos a partir de a quién conoces”, dijo Amey.

Detalles de la pesquisa que se está ampliando, y que comenzó hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del inspector general y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato. Si se confirman irregularidades, el inspector general puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.

La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas. Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que cobra más de 100 mil muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.

La agencia no permitió que Milgram diera una entrevista o que discutiera la investigación o contratos específicos, y sólo entregó una declaración institucional por escrito.

“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadunidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, señaló. “Estos cambios se han realizado mediante un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadunidense”.

Anthony Coley, ex vocero del Departamento de Justicia que conoce a Milgram desde hace 15 años, dijo que la crisis del fentanilo requiere nuevas ideas y energía, no hacer las cosas como siempre.

“Cuando los empleados no están satisfechos con el cambio organizacional, a menudo encuentran formas de rechazarlo o socavarlo, incluso si las acusaciones subyacentes no son ciertas”, aseveró. “Pero para eso están los inspectores generales: para decidir si algo es bueno o malo”.

Con la bravuconería y mano dura propia de Nueva Jersey y una estrategia basada en estadísticas para hacer frente a la guerra contra las drogas, Milgram, de 52 años, llegó a la principal agencia de narcóticos del país hace dos años con la instrucción de limpiar la casa.

Sin embargo, la funcionaria designada por el presidente Joe Biden enseguida hirió susceptibilidades al despedir a varios funcionarios de carrera a los que consideró parte de una cultura exclusivista que permitió que florecieran las malas prácticas. Como administradora, favoreció la asesoría de abogados y especialistas en restricción de datos recién contratados que trabajan con ella en una sección aislada del piso 12 de la sede de la DEA, conocida como “la burbuja”.

Milgram también hizo hincapié en mostrar cero tolerancia para casos de conducta sexual inapropiada y racismo entre el personal, advirtiendo a los agentes que podrían ser despedidos incluso en el caso de algunas primeras infracciones, un cambio respecto de administraciones previas.

Una de sus primeras acciones fue anunciar que se haría un análisis externo sobre la presencia de la DEA en el extranjero, que se extiende por 69 países. Esto se produjo tras el arresto de José Irizarry, agente que enfrenta una sentencia de 12 años en una cárcel federal tras confesar haber lavado dinero de los cárteles del narcotráfico colombiano y robar millones provenientes de decomisos e informantes para costear una vida de cenas lujosas, fiestas y prostitutas.

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