En el marco del Simulacro Nacional 2023, el Congreso local reformó la Ley de Gestión Integral de Riesgos a fin de establecer plazos en la vigencia de los programas internos de protección civil para unidades habitacionales, escuelas, hospitales y recintos donde hay actos masivos.

A partir de una reforma enviada por la jefa de Gobierno, se definió que los representantes de dichos lugares tendrán la obligación de revalidar los programas internos cada dos, tres o cinco años, según el tipo de actividad, por ejemplo, escuelas y estaciones de servicio lo harán cada bienio.

Asimismo, se crea el cuestionario clasificatorio del nivel de riesgo, que es una herramienta electrónica para determinar cómo está un establecimiento mercantil o industrial.

También se estableció la obligatoriedad de crear un estudio de registro de obra para construcciones tipo B y C, que defina daños probables, peligros o amenazas naturales, que deberá estar registrado en una plataforma digital y tendrá vigencia desde su inscripción hasta que se presente el aviso de terminación de obra ante la alcaldía.

Con la reforma, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos podrá revocar el registro y autorización a los responsables oficiales de protección civil, revocarlo a grupos voluntarios, así como autorizaciones, permisos o inscripciones, ya que dichas sanciones eran facultad de las alcaldías.