El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, nunca han asistido a las sesiones del Consejo Consultivo de Política Migratoria.
A pesar de que este órgano se creó para impulsar acciones que atiendan la migración internacional en México, así como incluir demandas y opiniones de otras autoridades y sociedad civil, tanto López Hernández como Garduño Yáñez han desdeñado ser parte de esos encuentros.
Así consta en las minutas de las sesiones de este consejo creado por la propia Secretaría de Gobernación en 2012 y que el mismo decreto señala que debería presidir el titular de la política nacional, pero que en su lugar lo ha encabezado, en algunas ocasiones, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Aunque la mayoría de las sesiones celebradas desde 2019 han sido presididas por la titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González Higuera, quien nunca ha tenido el acompañamiento del comisionado del INM, pues Francisco Garduño jamás se ha presentado a estos encuentros con otros poderes de la unión, investigadores e integrantes de organizaciones civiles.
En su lugar ha asistido la directora de Protección al Migrante y Vinculación del INM, Ruth Villanueva, quien ha firmado las minutas en representación de Garduño Yáñez, actualmente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos ocurridos el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes.
Para el presidente del Consejo Ciudadano del INM, Mauro Pérez Bravo, esta ausencia de Garduño en las sesiones del Consejo Consultivo de Política Migratoria es una muestra de la “cerrazón y desdén” con la que ha actuado el comisionado de este instituto, quien tampoco acudió a la sesión que estaba programada para el 31 de marzo con los integrantes del Consejo Ciudadano.
“Pensábamos que nos daría detalles de lo que ocurrió en el incendio en la estación de Ciudad Juárez, pero por primera vez faltó a nuestras reuniones que llevamos a cabo tres o cuatro veces al año y en las que hemos tenido choques porque no hay apertura por parte del personal del instituto”, relató Mauro Pérez.
En ese mismo sentido se pronunció la profesora-investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Luicy Pedroza, al señalar que “es un desorden institucional porque se traspasaron las funciones y se difuminaron las responsabilidades”.
Entrevistados por separado, ambos coincidieron en que hay una brecha entre el discurso y la práctica por parte de las autoridades del INM y la misma Secretaría de Gobernación, porque hay un “supuesto respeto por los derechos humanos, pero lo que existe es una feroz política de contención, de disuasión, así como deportaciones en caliente”, acotó la investigadora.
