El presidente de México está frente a una oleada de señalamientos y decisiones relacionadas con el empoderamiento militar que ha impulsado vigorosamente, a contrapelo de las promesas que hizo como candidato.

El golpe más vertebrado se relaciona con la operación y administración de la Guardia Nacional, que una resolución legislativa había entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. El insostenible argumento de que dicha Guardia, integrada sustancialmente por militares, con mandos y doctrina militar, tiene un carácter civil, sólo fue defendido por tres ministros de la Corte, claramente alineados con el proyecto de Palacio Nacional (Zaldívar, Esquivel y Ortiz).

En lo operativo es probable que no haya mayor complicación para que los mandos militares sigan en el manejo de la citada Guardia. Hay incluso un subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, que ya fue comandante de la Guardia Nacional y podrá continuar con tal mando desde la oficina civil que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

Habrá de verse el impacto de la decisión del Poder Judicial de la Federación en cuanto al estatus de los militares comisionados a la Guardia, pues no son las mismas prestaciones y derechos los disponibles como recién llegados a una instancia civil que los correspondientes a su antigüedad y adscripción al régimen castrense.

El ámbito verde olivo, y la jefatura de mañaneras conferencias de prensa, recibieron un obús periodístico neoyorquino con la confirmación de que se sigue usando el sistema de espionaje llamado Pegasus, a pesar de las continuas declaraciones gubernamentales en contra. El director del Centro Pro de Derechos Humanos, Santiago Aguirre, y la coordinadora del área internacional, María Luisa Aguilar, fueron informados por Apple y otras instancias validadoras de que sus aparatos telefónicos móviles habían sido infectados en tres fechas distintas de 2022 por el sistema israelí mencionado.

Aguirre ha advertido del grave riesgo que implica la falta de controles civiles efectivos en el esquema de creciente cesión de poder a los militares. Incluso mencionó que, de seguir las cosas así, en seis o 10 años podría suceder que los generales de hoy sean los García Luna de ese momento (https://bit.ly/3MUqCkX).

En respuesta a lo publicado por The New York Times y a otros señalamientos concurrentes, el Presidente de México dijo que se está en presencia de una embestida estadunidense, con el Pentágono y la DEA como filtradores de información a medios. Por tanto, anunció su decisión de salvaguardar información de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

De entrada, esa virtual veda ayudaría al general secretario Luis Cresencio Sandoval, luego que el instrumento político de Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), diera a conocer una versión de documentos insertos en el gran volumen de información militar mexicana hackeada por el colectivo Guacamaya.

Bajo la firma de Ignacio Rodríguez Reyna (fundador y director de Emeequis durante 12 años, luego fundador de Quinto Elemento), MCCI, en colaboración con Fábrica de Periodismo, dieron a conocer una relatoría del uso de comunicaciones castrenses para planear viajes caros y lujosos del titular de la Sedena, familiares y personal cercano. No hay confirmación periodística de que los itinerarios turísticos se hubieran cumplido ni que las erogaciones hubieran sido con cargo al presupuesto militar.

La histórica opacidad del poder militar en cuanto a rendición de cuentas impide confirmar o desmentir el punto de esos gastos, pero la enumeración de viajes, los detalles logísticos y la participación de personal militar en esas planeaciones deberían obligar a que el secretario Sandoval respondiera y aclarara lo que correspondiera.

Y, mientras hoy el tribunal electoral decide si Mario Delgado y Citlalli Hernández dejan su cargo a fines de este agosto, al finalizar el periodo para el que fueron electos, o hasta 14 meses después, a finales de octubre de 2024, ¡hasta mañana!

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