Los ayuntamientos son los encargados de prestar el servicio de recolección de basura en 90.5 por ciento de los 2 mil 469 municipios que conforman la República Mexicana. En el resto de las demarcaciones dicha labor es efectuada o compartida con asociaciones y empresas privadas.

Este último es el caso de algunas ciudades capitales, como Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán, y San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Con base en el más reciente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país hay más de 91 mil operadores y técnicos dedicados al servicio de limpia.

Sus sueldos oscilan entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales, y se estima que en su mayoría están agremiados a sindicatos de burócratas, según información proporcionada por administraciones locales.

En mayor o menor medida también hay grupos de pepenadores que por cuenta propia y de manera informal se dedican a hacer acopio de materiales como plástico, cartón y vidrio, los cuales ofrecen a las plantas dedicadas al reciclaje.

Morelia es una de las urbes donde la recolección de los residuos sólidos está, en su mayoría, en manos de particulares. Son 10 asociaciones las que desde hace dos décadas recogen los desechos en 70 por ciento de las casi 400 colonias de la capital michoacana; del otro 30 por ciento se encarga el gobierno municipal.

Dichas uniones de recolectores, como la Generalísimo Morelos, Hermenegildo Galeana, Lázaro Cárdenas, Melchor Ocampo, Valladolid, Charo y Tarímbaro, deben renovar sus permisos cada 15 años y cuentan, respectivamente, con alrededor de 150 miembros, quienes obtienen sus ganancias (entre 250 y 300 pesos diarios) de las propinas que reciben y de lo que venden a las recicladoras.

Unos 500 camiones o camionetas recorren a diario o dos veces por semana las calles para llevarse la basura, dependiendo la ruta que les toque; pero comúnmente las unidades se encuentran en muy mal estado, pues los propietarios son los mismos conductores, quienes al no recibir sueldos ni prestaciones difícilmente pueden darles mantenimiento ni obtener una nueva.

En Cuernavaca son las empresas KS Ambiental y Comercializadora Trideza las que llevan a cabo la recolección y disposición final de 560 toneladas de desperdicios generados diariamente por 380 mil habitantes en 320 colonias.

El ayuntamiento, que encabeza José Luis Urióstegui (postulado por los partidos Acción Nacional y Social Demócrata), paga mensualmente a ambas compañías 19 millones 484 mil 415 pesos, es decir, 233 millones 812 mil 980 pesos anuales.

Sin embargo, una de las principales inconformidades de la población es el mal servicio que ofrecen KS Ambiental y Comercializadora Trideza, ya que, según los reclamos ciudadanos, es común que en las aceras, incluso del primer cuadro de la ciudad, haya bolsas de basura.

Dichas firmas tienen unos 200 trabajadores, algunos contratados directamente y otros, por terceros; no tienen prestaciones de ley y se quejan de que reciben “salarios raquíticos”. Antes, cada año protestaban para mejorar sus condiciones laborales, pero dejaron de hacerlo en octubre de 2019, cuando fue asesinado su dirigente, Fredy Valdez Sotelo, de 31 años.

Funcionarios policiacos refieren que desde 2012 se involucró en el negocio al menos un familiar de Santiago Mazari, alías El Carrete, cabecilla del grupo criminal Los Rojos, actualmente recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco, acusado de delincuencia organizada.

En Tuxtla Gutiérrez, desde 2006, la empresa Veolia realiza el manejo integral de residuos sólidos urbanos mediante un convenio con el ayuntamiento, el cual está vigente hasta 2026. No obstante, el director de limpia de la capital del estado, Javier Ochoa, afirmó que el área a su cargo “refuerza” a la compañía, “porque no podría sola” con las 500 toneladas de desechos diarios.

En entrevista, detalló que la Dirección de Limpia Municipal cuenta con 325 empleados sindicalizados y de confianza con salarios de 7 mil pesos mensuales en promedio, que barren la vía pública y se llevan la basura.

La concesionaria Caabsa Eagle opera en los municipios jaliscienses de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Guadalajara. En esta última ciudad son 800 trabajadores sindicalizados los que recogen los desechos domiciliarios seis días a la semana, con un horario de ocho horas.

Los empleados están basificados y ganan el salario mínimo, más propinas; además, hay grupos de personas dedicadas a la pepena que están afiliados a un sindicato que pertenece a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

La Zona Metropolitana Urbana de Mérida, conformada por esta ciudad, Conkal, Progreso, Kanasín, Tixpéual, Ucú y Umán, alberga a más de la mitad de los habitantes de Yucatán, con un millón 333 mil 770 personas, pero también en ésta se genera la mayor cantidad de residuos sólidos, es decir, cerca de mil 300 toneladas por día, lo que representa 62 por ciento del total de la entidad.

En esta área funcionan las empresas privadas Sociedad Corporativa de Recolección de Basura y Servicios, Saneamiento Sana, Pamplona, además de la paramunicipal Servilimpia, donde laboran 450 personas, quienes en los 10 años recientes no han manifestado ninguna inconformidad con sus condiciones laborales.

En tanto, en la capital de San Luis Potosí, desde hace más de 15 años, cada trienio el ayuntamiento celebra contrato con la compañía Red Ambiental para el traslado y tratamiento de las 924 toneladas de desechos que se generan todos los días.

La administración municipal paga 15 millones de pesos al mes a la concesionaria, la cual cuenta con 108 rutas para garantizar el servicio en las cinco zonas de la ciudad, con 40 camiones que operan en turnos matutino, vespertino y nocturno; el sueldo para los choferes es hasta de 12 mil pesos mensuales más prestaciones de ley.

Ernesto Martínez, Rubicela Morelos, Elio Henríquez, Juan Carlos G. Partida, Luis A. Boffil y Vicente Juárez,corresponsales