En el Congreso de Texas se debaten reformas legales propuestas por legisladores locales ultraconservadores que se traducirían en una criminalización de la migración hasta el punto de castigarla con cadena perpetua y en la creación de escuadrones de persecución de viajeros indocumentados, fuerzas parapoliciales que podrían incorporar a voluntarios, que estarían exentas de cumplir las leyes y reglamentos federales en materia de detenciones y cuyos miembros gozarían de inmunidad penal y civil en caso de cometer atropellos y violaciones a los derechos humanos.

La aberración de esta iniciativa, presentada por legisladores republicanos ultraconservadores encabezados por Matt Schaefer, su redactor, ha generado protestas y ha obligado a la Cámara estatal de representantes a escuchar testimonios de quienes señalan los peligros de convertirla en ley.

La principal justificación del llamado Proyecto de Ley 20 es la imaginaria relación entre el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo, un pretexto demagógico y falaz: de acuerdo con las estadísticas oficiales del país vecino, 86 por ciento de quienes han sido detenidos por introducir esa sustancia a territorio de Estados Unidos son ciudadanos de ese país. Pero la motivación real de la propuesta es diferente a esos alegatos mentirosos: en un año prelectoral como el presente, los sectores más cavernarios de la política estadunidense están dispuestos a echar mano de cualquier fantasía paranoica para incrementar sus votos azuzando los miedos de sus electores.

Más allá de las falacias en las que se apoya, si el Proyecto de Ley 20 llegara a aprobarse, resucitaría en Texas la organización racista The Minute Man, un grupo paramilitar financiado por la ultraderecha e integrado por rancheros y militares veteranos que a fines del siglo pasado y comienzos del actual se dedicó a la cacería de migrantes a lo largo de la frontera México-Estados Unidos sin fundamento legal alguno. Se profundizaría así el clima de linchamiento en contra de los extranjeros y se sentarían las condiciones para multiplicar las agresiones en su contra. Por añadidura, Texas marcaría un nefasto precedente al arrogarse facultades que corresponden al ámbito federal estadunidense, como el control migratorio y la vigilancia de fronteras internacionales, y se alentaría con ello el grave deterioro institucional y moral que padece el país vecino.

Las víctimas de tal legislación no serían únicamente los migrantes; previsiblemente, a los escuadrones referidos, llamados “Unidad de Protección Fronteriza” en el proyecto de ley mencionado, se integrarían los ciudadanos más intolerantes, racistas y fóbicos de la entidad, los cuales no tardarían en poner la mira sobre otros objetivos de sus odios: por ejemplo, las minorías raciales –particularmente, los afroestadunidenses–, las y los activistas de los derechos reproductivos y de género, las comunidades de la diversidad sexual, los liberales y las personas en situación de calle. La mentalidad de limpieza social no conoce límites y termina por dirigirse a todas aquellas personas a las que considere “diferentes”. En suma, la aprobación del Proyecto de Ley 20 sería abrir una puerta al fascismo.