Acapulco, Gro., Familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia en Guerrero y miembros de organizaciones sociales manifestaron su indignación por la forma en que se realizó una reunión en la base aérea militar de Pie de la Cuesta, con el propósito de recabar información acerca de las desapariciones forzadas cometidas entre 1970 y 1982, debido a que ingresaron más funcionarios que parientes de las víctimas.

Recriminaron que además de no permitir la entrada a todos los familiares, se sintieron ignorados por integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes al concluir el acto, celebrado ayer por la mañana en las instalaciones castrenses salierton en sus camionetas y otros vehículos sin detenerse, pese a que los estuvieron esperando de las 10 a las 14:30 horas.

Estela Arroyo Castro, representante de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, detalló que la finalidad de la visita era hacer una inspección a las instalaciones donde se llevaron a cabo los llamados vuelos de la muerte, en que cuales prisioneros fueron arrojados desde aeronaves militares al mar.

Destacó que “estamos muy molestos porque hay un protocolo que tienen la Secretaría de Gobernación y la CEAV: uno debe registrarse como familiar, y si no estás en esa lista, te prohíben el acceso”.

Agregó: “Aquí trajeron a nuestros familiares, aquí precisamente, a este lugar, y no hemos sabido nada de dónde están ellos”.

Reprochó que en la visita participaron sólo seis familiares de víctimas y más funcionarios, entre ellos Félix Santana, enviado de la Secretaría de Gobernación; la titular de la CEAV, Yuriria Rodríguez Estrada; personal de esa instancia y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Fuera de la base aérea militar esperaron durante más de cuatro horas 22 integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos de la Guerra Sucia y de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, quienes precisaron que son originarios de los poblados de Río Chiquito, San Juan de las Flores, El Edén, El Camarón, San Andrés de la Cruz y Santiago de la Unión, municipio de Atoyac, y de Tierras Blancas, de Tecpan de Galeana, entre otros.

La dirigente subrayó que mientras no se cree una fiscalía especializada para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia no se hará justicia ni habrá reparación del daño. Lo que se está haciendo, advirtió, es una simulación.

“Queremos que nos digan la verdad. Dentro hay antecedentes, debe haber nombres y apellidos de los que trajeron aquí, hay bitácoras que muestran, pero no con nombres, sino con números. Quien tiene la verdad es el Ejército Mexicano, porque fueron ellos. No es posible que a 50 años los sigan engañando”, dijo.

María Ramos Tabares, de la localidad de San Juan de las Flores, contó que su hermano Melitón desapareció en 1974, cuando tenía 22 años.

“Un día lo vio mi mamá en Atoyac y al otro ya se lo habían llevado. Ella ya falleció, se fue con la ilusión de volver a verlo. Él trabajaba en el Instituto Mexicano del Café, bajó a cobrar su quincena porque tenía ocho días de casado y lo agarraron los soldados. También iba mi hermano mayor, pero sólo se llevaron a Melitón”.