Ciudad de México. La Universidad Iberoamericana (UIA) develó una placa en memoria de la activista colombiana Lucy Hitayosara Villarreal, víctima de feminicidio y de las mujeres que sufren violencia en Colombia.

Ricardo Ortega, director del departamento de derecho, afirmó que tanto en México como en Colombia “enfrentamos una realidad compleja, en donde de manera cotidiana experimentamos una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que todos los días afecta la vida, integridad y muchos otros derechos de varias personas”.

Recordó que el año pasado, la comunidad Jesuita en México enfrentó el lamentable crimen de dos de sus integrantes, los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en la iglesia de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, en un contexto de violencia e impunidad y realizando, como en su oportunidad lo hizo Lucy, tareas de defensa de los derechos humanos.

“La exigencia que se ha planteado desde las instituciones confiadas ala compañía de Jesús como la Universidad Iberoamericana, han sido las de verdad, justicia y de reparación para las víctimas. La existencia de contextos donde se producen una multiplicidad de violencias constituye un flagelo contra el que todos los días luchamos e intentamos transformar”.

Agregó que en México en los últimos años “hemos experimentado junto con los acontecimientos que narraba respecto a la comunidad jesuita, la existencia de una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de desaparición, desplazada de sus hogares, el incremento de casos de feminicidio, la persistencia de casos de tortura cometidas incluso por cuerpos de seguridad del Estado”.

Apuntó que frente a estos contextos de violencia, las instituciones de educación superior, como la UIA, tienen una responsabilidad fundamental para la creación de una cultura de paz que tenga como eje de su enseñanza la investigación y difusión de cultura, la recuperación de la memoria como soporte para la verdad, pero también el fortalecimiento de procesos de enseñanza que promuevan la exigencia respecto a las condiciones de acceso a la justicia, de investigación de graves violaciones a los derechos humanos y desde luego, la sanción de quienes resulten responsables.