Muy tarde, oficialmente se reconoció que en la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez que costó la vida de 40 ciudadanos de varios países y otros 25 resultaron heridos, hubo responsabilidad de funcionarios de mayor rango que los vigilantes del lugar, pues estaban obligados a supervisar que se cumplieran todas las garantías establecidas en la legislación del país y en los acuerdos internacionales para quienes migran a través de México. Hasta el martes pasado, la culpa recaía inicialmente en cinco detenidos y vinculados a proceso: tres agentes del instituto, un guardia de seguridad privada y el migrante venezolano que desató el incendio.

El presidente López Obrador intentó eludir en sus mañaneras la responsabilidad del funcionario de más alto nivel: el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Y hasta llegó a culpar a los migrantes de la tragedia. Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) procede penalmente contra Garduño, Antonio Molina Díaz, director del Control y Verificación Migratoria de la institución, y el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado en Chihuahua. El delito: ejercicio ilícito del servicio público al “incumplir con sus obligaciondes de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando las anomalías cometidas en contra de los migrantes”. El jueves otros tres funcionarios fueron detenidos como responsables. Tres años antes, en un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, murió un detenido y otros 14 resultaron heridos. Ningún culpable hubo.

De los nuevos acusados penalmente, uno llamó mi atención desde el día de la tragedia: el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, responsable de los asuntos migratorios en el estado de Chihuahua. Julio Hernández López, en su columna Astillero, mencionó oportunamente su nombre. Luego vino el silencio de los medios. Lo rompieron los grupos defensores de los derechos humanos que criticaron no proceder contra el contraalmirante, pues fue quien, por teléfono, ordenó que quienes se encontraban alojados donde inició el fuego, no se les abriera la puerta por ningún motivo. Y amenazó con cesar a quien lo hiciera.

Es deber de todos impedir que la tragedia de Ciudad Juárez –como las de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, donde en 2010-2012 fueron asesinados 317 migrantes– quede en el olvido, exigir justicia y que terminen las numerosas irregularidades en el área de migración.

Otra tragedia, pero ambiental, social y de salud pública viven desde hace más de medio siglo las poblaciones de la región hidalguense donde se asienta el distrito de riego 03. Abarca unas 100 mil hectáreas que usan las aguas negras procedentes de la Ciudad de México y poblaciones conurbadas. Es el distrito de riego más grande del mundo en su tipo. Han pasado ocho sexenios gubernamentales plagados de promesas para tratar dichas aguas, evitar la contaminación y cuidar la salud pública. Un caso extremo es el de la presa Endhó, en Tula de Allende y Tepetitlán, muladar ultradeteriorado por basura y aguas negras, y origen de severos problemas para miles de habitantes.

A las múltiples protestas anteriores de los afectados se sumaron recientemente las encabezadas por el Movimiento Social por la Tierra y por las comunidades ribereñas de la presa. Exigieron a la Comisión Nacional del Agua sanear los mantos acuíferos, abatidos por la sobrexplotación y contaminados por las aguas negras de la presa; sustituir las redes de distribución y poner en funcionamiento las tres plantas potabilizadoras instaladas desde 2020. En 2019 la Semarnat anunció que establecería en la región una zona de restauración ecológica y emergencia ambiental. No lo hizo.

Si bien algunas soluciones son de tipo regional y local, el problema se origina en la capital del país y su zona metropolitana, pues no cumplen la legislación que obliga tratar las aguas negras de hogares, industria y comercio, antes de enviarlas fuera de la cuenca de México. Los funcionarios que incumplen dicha legislación, cubiertos por la impunidad.