Ciudad de México. Con la reforma a la Ley Minera, las concesiones se cancelarán si las empresas no cuentan con permisos vigentes de uso de agua para minería, o bien si existe un riesgo de contaminación o daño al equilibrio ecológico en la extracción, explicó la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, a diputados de Morena.

En su presentación durante una reunión privada de trabajo con la bancada de ese partido, explicó que la iniciativa presidencial también incluye tipificar como delitos en materia de minería la extracción ilegal de minerales o no garantizar la seguridad de los mineros.

Las comisiones unidas de Energía y Economía de la Cámara de Diputados están citadas para comenzar a discutir el proyecto de dictamen este lunes por la tarde. De entrada, Morena estima que la reforma pueda ser discutida en el pleno el jueves.

La iniciativa prevé un paquete de nuevas obligaciones a las mineras, como realizar un estudio de impacto social de sus actividades y aplicar medidas de prevención, mitigación y compensación señaladas en el dictamen de concesión que emita la dependencia.

Incluso, presentar antes del otorgamiento del título de concesión una carta de crédito para garantizar esas medidas derivadas del dictamen de impacto social.

Según la explicación de la funcionaria, se tendría que informar de manera inmediata a la Secretaría de Economía cuando adviertan en el lote concesionado la presencia de otros minerales o sustancias no autorizadas en su permiso y, en su caso, entregarlos a la dependencia.

También se busca obligar a que designen un ingeniero responsable del cumplimiento de normas de seguridad, uno por cada siete trabajadores, si se trata de minas de carbón, y en los demás casos una por cada 40.

Asimismo, no deben construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales en lugares que, por el trayecto que sigan los residuos ante su ruptura, afecten núcleos de población, así como contar con la autorización del programa de restauración, cierre y poscierre.

Para autorizar una concesión, la reforma prevé garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por medio de una consulta pública, que se realizará antes del concurso para el otorgamiento de permiso o asignación minera, cuyo costo debe ser cubierto por la persona que solicite la autorización.

Más exigencias

Buenrostro dijo que también se busca tipificar como delito enajenar o traficar minerales y derivados metalúrgicos, al igual que exhibir documentación falsa para obtener o conservar una concesión, menoscabar la seguridad física de trabajadores al omitir el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad de minas y trasladar fuera del país minerales, sustancias o derivados metalúrgicos sin los permisos correspondientes.

Entre las causales de cancelación se incluyen no pagar contribuciones por dos ejercicios fiscales consecutivos, no realizar trabajos objeto de la concesión en dos años consecutivos y no presentar el denominado plan de cierre de mina, el cual tendrá que autorizar la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría del Medio Ambiente, y permitiría definir obligaciones, procedimientos y acciones para la reparación, restauración, rehabilitación o remediación ambiental y mitigación o compensación social una vez que las operaciones concluyan.

En ese caso las mineras tendrán que presentar informes semestrales hasta el cierre y quedar obligadas a ejecutar las medidas de prevención, mitigación o compensación cuantificadas en el dictamen de impacto social o cuando se presenten afectaciones no previstas.

Además, se amplía de cinco a 10 años el plazo para verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios y las relacionadas con derechos humanos son imprescriptibles.

Se resaltó que la reforma busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, así como regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua, proteger los derechos humanos al medio ambiente sano y a la salud de la gente.