La Coordinadora Nacional Agua para Todos decidió llevar a la Secretaría de Gobernación (Segob) un pliego de demandas por conflictos acumulados, como la falta de una ley que garantice el derecho humano al líquido –pendiente desde hace 11 años–, la no criminalización de activistas, la desprivatización del servicio de agua potable en Puebla y la falta de rehabilitación del lago Tláhuac-Xico.
La agrupación advirtió que ha buscado reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sin que se concreten ni propongan soluciones a sus reclamos.
La semana pasada, la organización acudió a la dependencia para que actúe a fin de “superar la grave omisión” de una ley general de aguas acorde con la reforma al artículo cuarto constitucional, de febrero de 2012, que estableció el derecho humano al líquido, así como a los acuerdos internacionales a los que está obligado el país.
En un documento enviado a la Segob, destacó la persecución a defensores del agua y las “acusaciones penales infundadas contra seis integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Durango”, por lo que pidió el cierre de las carpetas de investigación contra ellos, así como contra Félix Ramírez del Módulo XIII La Marinera y San Antonio de los Bravos, Coahuila.
También pidió el cese a la represión del gobierno de Yucatán contra la comunidad de Sitilpech, donde están procesados ocho defensores de recursos acuíferos que se han manifestado contra las macrogranjas de cerdos.
La coordinadora también consideró que debe reconocerse la personalidad jurídica de los sistemas comunitarios de agua y que el Registro Público de Derechos emita títulos o certificados a núcleos agrarios beneficiados con resolución presidencial y se obligue a la Conagua a restituir los volúmenes establecidos en los decretos.
La organización también planteó la urgencia de la rehabilitar el lago Tláhuac-Xico y la recuperación de la zona lacustre, para lo cual la Conagua debe registrar el proyecto ejecutivo en la Secretaría de Hacienda, y “descongelar el procedimiento en contra del fraccionador ilícito Francisco Juárez, quien pone en alto riesgo a los defraudados en Bosques de Xico y Huitziltzingo, Valle de Chalco y ha generado devastación con cascajo y material de demolición”.
Agregó que en la Huasteca potosina hay un rechazo de la población al trasvase de agua del río Pánuco a Nuevo León, norte de Tamaulipas y Texas. “En la región es urgente la instalación de plantas tratadoras de agua para los desechos de los drenajes que se vierten directamente a los ríos”.
