El mercado de deuda “verde” en México, o vinculada a proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo está resintiendo el encarecimiento del dinero, derivado de una política monetaria antinflación. En lo que va de este año, los bonos e instrumentos tienen una tasa de interés promedio que duplica la de siete años atrás.
De acuerdo con datos del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), hay en circulación 559 mil 604.32 millones de pesos en este endeudamiento; cerca de 96 por ciento se emitió en cuatro años, desde el primer año de la pandemia, por empresas y la banca de desarrollo.
El CCFV existe desde 2016 en México para generar un “mercado financiero sostenible y resiliente”; sin embargo, las emisiones de este tipo de deuda, que se supone menos costosa, despegaron en 2020.
Los bonos e instrumentos vigentes emitidos antes de la pandemia representan 24 mil 788.89 millones de pesos; en 2020 alcanzaron 66 mil 710 millones; al año siguiente, 185 mil 452 millones, y en 2022, un sin precedente de 245 mil 370.5 millones de pesos.
En lo que va de 2023, las emisiones alcanzan 37 mil 283 millones de pesos, por encima de todo lo registrado antes de la pandemia, y con una tasa de referencia promedio de 10.46 por ciento, prácticamente el doble que la de 5.25 de 2016.
Simulación y venganza
En el mercado de bonos verdes aumenta el riesgo de la simulación y la reacción de gobiernos conservadores, sobre todo en Estados Unidos, advierte un reporte de Reuters. “Muchos estados liderados por republicanos excluyen a los bancos que apoyan las políticas ESG (ambientales, sociales o de gobierno corporativo)”, destacó.
Hay 44 proyectos de ley o nuevas leyes en 17 estados gobernados por conservadores, que buscan castigar a las empresas de Wall Street por tomar posturas sobre temas como el control de armas, el aborto, la diversidad y el cambio climático.
En América Latina, el mercado de bonos verdes no deja de ser una carga para el erario: “la crisis climática está generando millonarios daños y pérdidas que, ante la ausencia de recursos fiscales en los países del sur global, deben ser cubiertos con más deuda”, subrayó la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. A escala mundial, 72 por ciento del financiamiento climático público fue canalizado en 2022 mediante préstamos con altos intereses.
