Como la creatividad no es lo suyo, los barones de la minería recurren al mismo cuento de siempre: el chantaje. Ante la iniciativa de reforma a la ley sectorial, de inmediato salen a gritar que si tal proyecto se aprueba “México perderá inversiones, porque nadie querrá arriesgar sus capitales”. Sólo falta que promuevan #loscorporativosminerosnosetocan, es decir, ni se les ocurra alterarles el jugoso negocio (perpetuo saqueo a la nación) que les armó Carlos Salinas de Gortari y continuaron –todo gratis– Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

En México los corporativos mineros nacionales y foráneos han obtenido multimillonarias utilidades, con impuestos mínimos o inexistentes, pero eso sí, con escandalosas cuan voluminosas devoluciones fiscales; se convirtieron en los neolatifundistas de la “modernidad” (120 millones de hectáreas del territorio nacional) y en amos y señores en las zonas que explotan; impunemente han derramado tóxicos por toda la República y devastado áreas naturales “protegidas” supuestamente; por falta de inversión en seguridad provocan la muerte de los trabajadores y no hacen el mínimo esfuerzo para rescatar los cuerpos enterrados; destrozan poblaciones enteras y corren a sus habitantes (ahí está el caso de Salaverna, en Mazapil, Zacatecas). Eso y mucho más, pero chantajean con “dejar el país ante la carencia de certeza jurídica”.

Así es: para esos corporativos la “certeza jurídica” es todo lo anterior y más, sin importar las consecuencias sociales ni medioambientales. Eso sí, chantajean con dejar de invertir “4 mil millones de dólares”… no: “9 mil millones”… y el monto crecerá según la proximidad de la aprobación de la iniciativa presidencial. Lo anterior, porque el presidente de la Cámara Minera de México, José Jaime Gutiérrez Núñez (Grupo Minero Bacis) un día dijo la primera cifra y al siguiente la segunda; es decir, la infla con base en las necesidades de la estrategia de chantaje.

Pero no sólo eso, porque “advierten” que si la citada iniciativa se aprueba fast track (decisión soberana del Legislativo), la inversión hará la maleta y se irá del país, amén de que provocará “disputas internacionales” en el marco del T-MEC. El caos, pues. Por eso, ni se les ocurra alterar el negocio a los corporativos mineros, que pretenden retrasar y retrasar la decisión del Legislativo (como los barones de la electricidad con la reforma sectorial) y, en el peor de los casos (para ellos) que se analice la situación en un parlamento abierto, siempre con el objetivo de que no se apruebe ni una coma de la nueva iniciativa presidencial.

¿Es necesaria la actividad minera? Desde luego que sí, pero no con corporativos rapiñeros. Cómo olvidar a la depredadora minera San Xavier que destrozó el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, a pesar de la protesta ciudadana que se extendió 14 años. En 1999 la Semarnat (entonces a cargo Julia Carabias) dio el visto bueno al proyecto. Y como este ejemplo, muchísimos más.

Un año atrás, el Servicio de Administración Tributaria (entonces con Raquel Buenrostro a la cabeza) denunció que a pesar de sus voluminosas cuan crecientes utilidades, los corporativos mineros “pagaban” una tasa efectiva de impuesto sobre la renta verdaderamente ridícula: 5.51 por ciento, en el caso del oro; 6.78 por ciento en el de la plata y 7.98 por ciento en el del cobre (léase canadienses, la familia Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim, respectivamente), cuando por ley les corresponde 30 por ciento. Por si fuera poco, pagan entre 8 y 188 pesos por hectárea concesionada, y algunos de ellos utilizan los terrenos para fines ajenos a la explotación minera.

Pero los corporativos se retorcieron cuando, en 2013, se aprobó la legislación que los obliga a pagar 7.5 por ciento sobre la riqueza extraída en un periodo dado. De inmediato se ampararon y una vez más recurrieron al chantaje. El primero fue Germán Larrea, quien, una vez más, amenazó con “cerrar Cananea y retirar las inversiones del Grupo México (por cierto, de ese año a la fecha la fortuna del barón se duplicó).

Pero no sólo él: en octubre de 2013 Rosa-lind Wilson, presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, amagó con “trasladar nuestros capitales a otros países” (en el suyo pagan más tasas fiscales). A cambio, el gobierno les dio muchísimas más concesiones.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿se van? Pues que se vayan, porque la riqueza se mantiene en el subsuelo. México no merece empresarios de esa calaña.

Twitter: @cafevega