En la Cámara de Diputados ya está listo un anteproyecto de dictamen para expedir la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que tiene como base la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, encaminada a asegurar que el conocimiento no tenga fines mercantilistas, sino que sea puesto invariablemente “al servicio del pueblo de México, y su uso, aprovechamiento y explotación estén sujetos al interés público”.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal resaltó que se trata de una nueva visión, que deja atrás la privatización del conocimiento científico que se llevó a cabo durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se entregaron 45 mil millones de pesos del erario, que fue casi 50 por ciento destinado al sector en este periodo, a las empresas, incluso trasnacionales, mediante fideicomisos y transferencias financieras.

La iniciativa presidencial advierte que en sexenios pasados la investigación fue usada para favorecer intereses individuales con criterios utilitarios y elitistas, pues el otorgamiento de becas benefició a universidades privadas, al mismo tiempo que la generación de ciencia y tecnología se utilizó para el desarrollo de actividades básicamente mercantiles.

El anteproyecto de dictamen, que incluyó además otras iniciativas en la materia y fue enriquecido con propuestas presentadas en los dos parlamentos abiertos celebrados en la Cámara de Diputados, mantiene que las becas de posgrado se entregarán exclusivamente a estudiantes de universidades e instituciones de educación superior, así como centros de investigación del sector público, y siempre que sus investigaciones sean en torno a asuntos estratégicos y prioritarios en los temas que considere la agenda nacional.

En la propuesta de dictamen se incluye la participación social y privada en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pero la política en la materia deberá ser conducida por el Estado. Se prohíbe expresamente que las dependencias o entidades puedan crear fideicomisos.

El documento incluye una serie de ajustes que no modifican la esencia de la iniciativa presidencial, pero dan respuesta a algunas inquietudes expresadas por la comunidad científica y académica, como abrir mayor número de espacios para su participación en los órganos de decisión.

Participación social y privada en junta de gobierno

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (que será el nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) tendrá una junta de gobierno, que se abrirá a representantes de las comunidades y los sectores social y privado, con voz y voto, para satisfacer la exigencia de que haya democracia directa en ese órgano.

Por ello, esta junta pasa de seis a ocho miembros, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En el caso de un empate, el presidente de ese órgano de gobierno tendrá el voto de calidad.

Otro cambio que incluye el nuevo proyecto de quehacer científico, humanístico y tecnológico, acorde con el nuevo modelo de país, incluye la distribución de competencias entre los tres niveles de la Federación, toda vez que estados y municipios podrán participar en la integración de la agenda nacional para el sector.

Por lo que toca al presupuesto,el proyecto señala que el Estado tiene la obligación de no dejar ni un año a la comunidad científica sin recursos, como ocurrió en 2017 y 2018. Los legisladores incluyeron en el texto que “el monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior en términos reales a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.

En cuanto a la asignación de fondos a proyectos se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales.

Los beneficiarios del sector privado deberán aportar los recursos para el financiamiento de los proyectos en que participen y mediante convenios que antepongan el interés público, salvo que se trate de proyectos relacionados con prioridades o emergencias de Estado, en los que la concurrencia no sea posible o no esté justificada.

El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado, a fin de que su personal pueda solicitar reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero siempre y cuando ellos asuman la obligación de entregarles los estímulos correspondientes.

En los artículos transitorios se indica que los congresos locales tendrán un año a partir de la promulgación de la nueva ley para armonizar su marco jurídico y “regular las atribuciones de las autoridades locales, así como de los municipios y demarcaciones, en la materia”.

El Consejo, en coordinación con las autoridades competentes, deberá promover que en el desarrollo tecnológico y la innovación en que participen municipios, pueblos y comunidades indígenas, afroamericanas y campesinos, sea con pleno respeto a su libre determinación y autonomía.

El anteproyecto de dictamen fue elaborado por la Comisión de Educación de San Lázaro, pero ya se distribuyó entre los diputados de las otras dos comisiones dictaminadoras, entre ellas la de Ciencia y Tecnología.

De entrada, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks advirtió que no está de acuerdo en que la iniciativa de López Obrador se haya tomado como base, ya que hay otros cinco proyectos.