De los 317 cuerpos de migrantes, extranjeros y mexicanos, asesinados en las masacres de San Fernando, Tamaulipas (2010 y 2011), y en Cadereyta, Nuevo León, (2012), 97 están aún pendientes de ser identificados, dio a conocer Fabienne Cabaret, subdirectora de Fundación para la Justicia, organización integrante de la Comisión Forense encargada de la identificación de las víctimas.

En entrevista, detalló que cuando fue conformado este equipo en 2013, en el que participan forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) e independientes, recibió 190 cuerpos cuya identidad se desconocía, ya que los 127 restantes habían sido previamente identificados por la entonces PGR y procuradurías estatales. Del total de los que fueron asignados a la comisión, ésta ha logrado identificar a 93, puntualizó.

Cabaret resaltó que aunado a este trabajo realizan revisiones de casos de los cuerpos que fueron entregados antes de que la comisión iniciara su mandato, en los que los familiares no tienen certeza de que hayan recibido efectivamente a su ser querido, entre ellos están pendientes seis solicitudes de exhumación en Guatemala y una en Brasil.

Explicó que en el caso de la masacre de San Fernando, donde en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en el ejido El Huizachal, 63 de ellos ya fueron identificados, tres por la comisión. Indicó que en este caso ha sido complejo porque es el único donde todas las víctimas son extranjeras.

En cuanto a los 196 cuerpos hallados en 48 fosas clandestinas en esa misma ciudad, entre abril y mayo de 2011, señaló que 137 han sido identificados, de los cuales 73 fueron por la comisión. Este número, dijo, se ha logrado debido a que una gran parte de las víctimas eran mexicanos, originarios de por lo menos 15 estados.

Sobre la masacre de Cadereyta, en la cual fueron encontrados los restos de 49 personas en una carretera, en mayo de 2012, mencionó que 19 ya fueron identificados, 17 de ellos por la comisión. En este caso, indicó Cabaret, hay muchos retos, puesto que no se recuperaron los cuerpos completos, sino sólo los torsos.

Expuso que otros de los desafíos que enfrentan para la identificación, en general, es que si bien existe mucha información, ésta se encuentra dispersa. “Necesitamos la colaboración de las fiscalías estatales porque tienen sus registros de desaparecidos, tienen tomas de muestras (genéticas), pero incompletas”, y los datos no están debidamente articulados.

Por otra parte, Cabaret reconoció que hay desconfianza entre algunas familias hacia las autoridades. “Hay dos casos vinculados a la masacre de Cadereyta donde no se han podido entregar los restos porque los familiares desconfían, y también hay a quienes les cuesta mucho entender y recibir un cuerpo que no tiene cabeza”, expresó.

Respecto a los casos que están en revisión, explicó que son por lo menos ocho relacionados con cremaciones indebidas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, detectó que el cuerpo de un brasileño fue entregado a Honduras.

Sostuvo que parte “de las grandes violaciones que se estaban cometiendo en esos procesos” por las procuradurías es que las familias no podían corroborar que efectivamente recibían a su ser querido. No se les permitía ver los cuerpos, ni les daban documentación que sustentara la identificación, señaló.