Mazatlán, Sin., María Luisa G, madre de la niña de cuatro años, encontrada semienterrada en un dren del municipio de Guasave, quedó en prisión preventiva oficiosa, mientras el juez resuelve la vinculación a proceso por los delitos de feminicidio y de-saparición de personas, al ocultar el crimen de la menor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que en la audiencia inicial se formuló la imputación contra la indígena tarahumara, quien confesó haber asfixiado a su hija que estaba enferma y ella, desesperada, no sabía qué hacer, y después la enterró a la orilla del canal en la comunidad de Juan José Ríos, municipio de Guasave, el pasado 21 de marzo.

La jornalera agrícola, de 27 años de edad, quien sólo habla rarámuri contó con un traductor a fin de que tuviera conocimiento de las acusaciones que le hicieron, así como con el apoyo de abogadas voluntarias del sector privado, expuso la FGE.

La audiencia inicial se llevó a cabo en la sede de justicia penal acusatoria y oral zona centro-norte el pasado viernes en la causa penal 94/2023, en la que se hizo la imputación por los delitos ante el juez de Control y enjuiciamiento penal.

La defensa solicitó el beneficio de las 72 horas, el cual fue autorizado por el juzgador, quien determinó la continuación de la audiencia este 16 de abril a las 12 horas en sala B.

María Luisa fue detenida el 13 de abril en la sindicatura de Juan José Ríos, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por el juez de control.

Priscila Salas, del Colectivo No se Metan con Nuestras hijas, exigió para el caso un proceso exhaustivo y que no violenten los derechos humanos de la trabajadora agrícola, presunta homicida de su hija.

La activista aclaró que están a favor que se investigue de manera exhaustiva toda muerte violenta, pero es necesario que se haga con perspectiva de género y respetando el debido proceso.

Recordó que la legislación mexicana establece que “la confesión de una imputada no puede servir para la consignación por parte del Ministerio Público”, pues aunque la fiscal general, Sara Bruna, sostuvo que la detenida confesó el crimen, existe el derecho humano a la no autoincriminación, y la confesión de una persona imputada “sólo es válida cuando se desahoga en presencia de un defensor; en este caso debe haber uno o más traductores o un equipo multidisciplinario”.

Además, por ser una mujer indígena, el colectivo demandó que se le garantice a María Luisa un equipo de defensa para que pueda tener acceso a la justicia.

Priscila Salas señaló que el caso de María Luisa “es parte de la terrible situación que padecen los jornaleras en los campos agrícolas de Sinaloa, quienes viven discriminación y falta de salarios dignos para cubrir las necesidades de alimentación, salud y vivienda digna.

Llamó a los gobiernos estatal y federal a implementar políticas públicas que permitan prevenir y erradicar todas las formas de discriminación que padecen los grupos originarios, sobre todo mujeres y niñas indígenas. Consideró que es obligación de las autoridades de Sinaloa tomar en cuenta la situación de las cuarterías donde alojan a los jornaleros, para que queden establecidos sus derechos en su lengua como trabajadores del campo, que no sigan siendo omisos para atender y dar solución, pues no se trata sólo de ir a instalar puestos para dar alimentos por una temporada.