En la gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo ha solicitado al Senado la comparecencia de 39 autoridades por la no aceptación de 37 recomendaciones. Entre ellas, instituciones federales como las secretarías de Marina, con nueve de estos mecanismos rechazados, y del Trabajo, con dos.

También están la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Universidad Pedagógica Nacional y el Órgano Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con una recomendación no aceptada, respectivamente.

En un comunicado, informó que también se tiene registro de gobiernos estatales, como el de Guanajuato y Oaxaca, con dos recomendaciones rechazadas cada uno, y los de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Chiapas y Puebla con una por cada autoridad.

De igual forma, algunas autoridades y dependencias locales se han negado a aceptar y cumplimentar recomendaciones, como las fiscalías de Veracruz y de Tabasco, con dos cada una, y las fiscalías de Querétaro y Chiapas, con una, respectivamente, al igual que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chiapas, así como ocho ayuntamientos de Oaxaca, tres de Veracruz y uno de Guanajuato, Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí.

La CNDH explicó que el único recurso con que cuenta para hacer cumplir sus recomendaciones es el de acudir a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, a efecto de que se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para que expliquen los motivos de su negativa.

Aprovechó para reiterar que es necesario revisar el esquema legal con el cual se rige, ya que desde su creación “sólo ha estado capacitada legalmente para emitir ‘recomendaciones’, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad”. Además, “la mantiene estancada en acciones reactivas”.

Insistió en que resulta limitante dejar en manos del Senado el único mecanismo con que cuenta para hacer cumplir sus recomendaciones, “que a la fecha no ha funcionado y, peor aún, se presta a negociaciones y cálculos políticos”, al margen de las víctimas.