El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo autónomo que basa su importancia en ocuparse de tareas específicas del Estado Mexicano sin la intervención de alguno de los poderes. Esta entidad será responsable de las elecciones de 2024, donde se espera la participación de al menos 94 millones de personas, quienes depositarán no sólo su voto sino su confianza para construir un país más justo y equitativo… de ese tamaño es el encargo.
Durante los últimos meses, el INE ha capturado la atención mediática y social, y una de las razones ha sido la renovación de su órgano de gobierno, procedimiento que ha estado lleno de contrastes y turbulencias. Como sabemos, el pasado 31 de marzo en la madrugada se designó a cuatro personas para ocupar un lugar en su Consejo General, incluyendo a una mujer como su primera presidenta. Esta situación, histórica y plausible, es resultado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que así lo ordenó al indicar que la quinteta para la presidencia fuera integrada exclusivamente por mujeres.
Este proceso inició con la inexplicable desaparición de la convocatoria para la elección de cuatro personas consejeras electorales, aprobada por unanimidad el 13 de diciembre del año pasado, encendiendo las alertas de falta de transparencia. Este documento fue el único que no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, medio oficial de la Cámara de Diputados, ni al día siguiente ni en días posteriores. A pesar de ello, inició la recepción de propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación (CTE), órgano ciudadano determinante en dicha designación. Este comité debía implementar la metodología de evaluación y, a partir de ella, proporcionar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las quintetas para cada vacante. Para conformarlo, tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debían enviar sus propuestas, pero pocos días antes de finalizar el año, la CNDH se retractó ante los cuestionamientos por la evidente militancia partidista y la falta de experiencia en materia electoral de una de sus primeras propuestas. Este es un ejemplo de las consecuencias de una designación llevada a cabo con poca transparencia y participación ciudadana, y la manera en la que perfiles carentes de autonomía afectan el trabajo de las instituciones, que tendrían que ser, precisamente, autónomas y diligentes. Para subsanar las deficiencias de la convocatoria, el mismo TEPJF revocó el acuerdo y señaló modificaciones que provocaron resistencias en la Cámara de Diputados, reduciendo así el tiempo original para este proceso de tres meses a sólo uno, pues fue hasta el 16 de febrero que el CTE se instaló con siete integrantes, arrastrando ya ciertas sospechas acerca de su integración (con algunos perfiles poco idóneos para el encargo) y la demora de las y los diputados para atender la sentencia.
Para llegar de 664 personas inscritas a 20 finalistas en las quintetas (una para cada responsabilidad en el consejo), el CTE trabajó de manera acelerada en la revisión documental de cientos de aspirantes, en la aplicación de un examen de conocimientos, en casi un centenar de entrevistas y, finalmente, en una nueva revisión de expedientes para filtrar, a partir de criterios objetivos, y así garantizar la experiencia electoral e independencia de las fuerzas políticas de las y los finalistas. Sin embargo, esto no sucedió del todo.
A pesar de diversos aciertos en el proceso de designación, es lamentable que no se retomaran algunas buenas prácticas de ejercicios anteriores, como las entrevistas públicas realizadas por la Jucopo a las y los aspirantes finalistas, o que durante la última etapa pareciera que en la Cámara de Diputados no se buscó un acuerdo político que pudiera ser votado por el pleno y, como recurso previsto, se optó por la insaculación, lo que resulta sospechoso a la luz de las declaraciones de representantes de otros poderes que insistieron, de manera entrometida, en que se optara por el sorteo en lugar de un acuerdo. Confirmamos la necesidad de mejorar tales procesos para avanzar hacia designaciones apegadas a los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. En consecuencia, es importante reconocer las prácticas que no funcionaron y adoptar medidas para mejorar la calidad de las próximas designaciones. Aún falta mucho por hacer para garantizar procesos más democráticos, donde se elimine la discrecionalidad en estas decisiones y se prioricen la experiencia y las capacidades tanto de las y los aspirantes como de quienes se encarguen de las tareas de evaluación y selección de los perfiles en estas altas responsabilidades públicas.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
