La estación migratoria de Ciudad Juárez era una trampa mortal donde la tragedia podía ocurrir en cualquier momento. El pasado 27 de marzo las condiciones estaban dadas: no había protocolos ni equipos para prevenir o apagar incendios. Los migrantes estaban hacinados, hambrientos, sin acceso a agua potable y sin productos para su aseo personal. En total, 68 indocumentados fueron encerrados en esa celda, cuya reja fue asegurada con un candado y cuya llave fue entregada a un bombero cuando ya habían fallecido 37 y los demás se encontraban lesionados.

Esto consta en los peritajes y pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal para obtener, hasta el momento, órdenes de aprehensión en contra de nueve funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por incurrir en graves omisiones.

La Jornada posee copia de la resolución judicial con base en la cual se libraron las órdenes de aprehensión por parte del juez Juan José Chávez Montes, y en la cual la FGR establece que los cuatro extintores que había en las instalaciones “se encontraban obstruidos por mochilas y muebles del persona de migración y en consecuencia fuera del alcance para el resguardo del personal de seguridad y custodia. Además, no contaban con un croquis del centro de trabajo con la distribución de equipos contra incendio y medios de detección”.

El Ministerio Público Federal señala que los migrantes, enojados, protestaron por la falta de cumplimiento de sus deberes como servidores públicos. “No se contaba con agua potable” y “tampoco con comida ni enseres de aseo personal” para los 68 indocumentados “encerrados con candado por órdenes de personal de migración”.

Sin plan de acción

Las omisiones “provocaron que durante el día se generaran inconformidades, por lo que entre las 20:30 y las 21:50 horas, en el interior de la estancia el migrante identificado como Jeison Catari y otro sujeto iniciaron la ignición” de las colchonetas. Inexplicablemente tenían un encendedor y con él comenzaron el incendio.

Los agentes migratorios y los guardias privados no pusieron en marcha acciones de protección civil, el “inmueble no contaba con sistemas de detección de incendios, ni sistemas fijos ni móviles para prevenirlos”.

En el espacio donde se provocó el incendio se encontraban 68 migrantes, “sólo tenía una puerta de acceso al área de varones y no había ventilación adecuada, no se contaba con un plan de acción para el desalojo al enfrentar la emergencia, pues no se contaba con rutas de evacuación o puntos de reunión”.

Esa noche, en ese lugar convertido en celda, 37 personas murieron a “consecuencia de asfixia por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono” y 27 más resultaron lesionadas, exponen los argumentos presentados por la FGR, con los cuales el juez Chávez Montes libró órdenes de aprehensión en contra de cuatro funcionarios del INM, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones, dentro de la causa penal 235/2023.

El personal del INM y de seguridad privada “incumplió con el protocolo que regula las medidas que deben aplicarse en las estaciones migratorias y estancias provisionales en caso de incendio”, añade en el pliego de consignación el Ministerio Público Federal.

La reconstrucción de la tragedia, según los peritajes y testimonios obtenidos por la FGR, establece que una vez iniciado el incendio el personal del INM y de seguridad privada abandonó el lugar, dejando que los migrantes fueran presa de los gases tóxicos que generó la combustión de las colchonetas.

La tragedia ocurrió, refiere la orden de aprehensión, “en gran medida, por la conducta omisa de los investigados, quienes fundamentalmente incumplieron con la obligación de mantener en óptimas condiciones el inmueble en el que albergaban a los migrantes, no cumplían con las condiciones de seguridad necesarias para su correcta operación, como lo reveló el dictamen pericial en materia de seguridad industrial, del que se desprende la existencia de cuatro extintores, tres de ellos bloqueados, uno inoperante, pero que no fue utilizado durante el siniestro, y uno inoperante, que se utilizó para intentar apagar el incendio, sumado a que los detectores de humo no funcionaban”.

Asimismo, “quedó de manifiesto la total ausencia de protocolos de actuación por parte del personal a cargo de la seguridad respecto de qué hacer en caso de incendio, y dada la imposibilidad de quitar el candado colocado en la reja de acceso a la celda en que estaban internos los varones, ya que del relato de los bomberos que ingresaron al lugar en llamas, reportan que tuvieron que romper el candado, y que fue en el momento en que uno de estos bomberos salió por una herramienta que uno de los agentes de migración le entregó las llaves, sujeto al que no pudo identificar”.

No pidieron apoyo

A los funcionarios encargados de las instalaciones, la FGR los acusa de incurrir en omisiones que dieron como resultado su presunta responsabilidad en los delitos de los que se les señala porque incumplieron con su deber “de solicitar auxilio oportuno y eficaz de las autoridades competentes para minimizar el riesgo a la seguridad de la estación migratoria y de los extranjeros alojados”.

No existe registro, según los documentos judiciales, de pruebas que acrediten que se hayan presentado “solicitudes de auxilio a las fuerzas de seguridad pública federal, estatal o municipal, para atender casos de resistencia organizada o disturbios” que pusieran en riesgo la seguridad de la estación migratoria y de los extranjeros alojados.

De las declaraciones ministeriales de funcionarios del INM, de Protección Civil y Bomberos locales, se conoció que los integrantes de los cuerpos de auxilio “tuvieron que forzar la puerta principal de acceso (a la estación migratoria), así como una reja de acero que estaba cerrada con candado” y que impidió a los extranjeros huir de las llamas y del humo.

Una vez que lograron ingresar, dentro de la estancia destinada a varones, “localizaron personas sin vida y lesionadas.

“En la carpeta de investigación, concretamente con las respectivas necropsias, se encuentra demostrado que la causa de muerte de las 37 personas en el lugar y tres más en hospital se debe a una asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, así como que la exposición extremadamente alta al monóxido de carbono puede causar la formación de carboxihemoglobina, que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y puede causar un color rojo brillante en la piel y las membranas mucosas, dificultad respiratoria, colapso, convulsiones, coma y por consiguiente la muerte por incapacidad para que el oxígeno llegue a las células y éste pueda ser transportado a través de los pulmones, todo ello derivado del incendio ya reseñado”, concluye el pliego de consignación con el cual se solicitaron cuatro de las nueve órdenes captura.