A nadie caen mal 5 mil millones de pesos de recursos públicos, sobre todo si ellos tienen como destino el beneficio de la población. Ahora, si esos dineros resultan de un atraco al erario –federal o estatal– y se destinan ilegalmente a fines privados, entonces no sólo se trata de un hurto, sino un delito de lesa progenitora, “una robadera tremenda y por eso no alcanzaba el presupuesto, y crecieron tanto las deudas” (AMLO dixit), tanto estatales como municipales y, desde luego, la federal. Todo, a costillas de los mexicanos, quienes han pagado, pagan y pagarán por los excesos y robos cometidos por sus “representantes”.

Ese monto es el que, oficialmente, se embolsó Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno del priísta Humberto Moreira, quien, dicho sea de paso, difícilmente fue ajeno a esa “robadera tremenda”, mientras caía en vertical el bienestar de los habitantes y el progreso se mantenía prófugo. Sin embargo, el problema es aún mayor cuando se constata que esa práctica –vigente– se dio en prácticamente todos los estados de la República, en cada uno de sus municipios y a nivel federal.

No es gratuito, pues, que la deuda de esas entidades, denominada “subnacional”, haya crecido de forma escalofriante: entre 2006 y 2020 pasó de 160 mil a 670 mil millones de pesos (420 por ciento, en números cerrados), de acuerdo con la estadística del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Lo anterior ya es grave, pero adquiere tonalidades de terror cuando se conoce, por la misma fuente informativa, que de 1992 a septiembre de 2011 el saldo de la deuda pública de las 31 entidades de la República más el –entonces– Distrito Federal creció la friolera de 2 mil por ciento, lo que da cuenta de la corrupción y el atraco imperantes en todos los niveles de gobierno, toda vez que nadie en la administración federal ni en los partidos políticos se tomó la molestia de poner un freno a esa escalada en endeudamiento, el cual fue inversamente proporcional al comportamiento económico de esas mismas entidades y a la caída libre del bienestar social de sus habitantes.

Si los 5 mil millones de pesos robados al erario por Héctor Javier Villarreal Hernández, el tesorero de Humberto Moreira, fueran la norma, el patrón para robar, entonces lo “succionado” por los gobernadores fácilmente podría ascender (sólo en materia de endeudamiento) a 160 mil millones de pesos, es decir, “una robadera tremenda”, porque no sólo el ex profesor danzarín (unos de los “hijos” de Elba Esther Gordillo) –a quien relevó en el mando su hermano Rubén– incrementó sustancialmente el débito de su estado, sino que otros “honorables” lo hicieron. Por ejemplo, César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Rodrigo Medina (Nuevo León), Miguel Alonso (Zacatecas), Silvano Aureoles (Michoacán), Ulises Ruiz y Gabino Cué (Oaxaca), Graco Ramírez (Morelos), la secuencia de mandatarios panistas en Baja California y más, todos prófugos de la justicia, amparados, sin asomar la cabeza o de plano enchiquerados.

Pero en la zarzuela de la política, nadie dijo ni pío, salvo cuando se aproximaban las elecciones en Coahuila (Rubén sucedería a su hermano Humberto): los gritones panistas denunciaron al segundo por endeudar al estado (37 mil millones de pesos por esas fechas, aunque, claro, callaron por el brutal endeudamiento federal con Calderón en Los Pinos) y así tumbar la pretensión de que la dinastía Moreira se mantuviera en el Palacio de Gobierno de Saltillo (en esos mismos tiempos, cuando menos siete entidades más registraban un cochinero similar, pero los blanquiazules no hicieron mayor caso porque en ellas no habría elecciones; sólo en la saqueada tierra de los hermanos coraje).

Por aquellos ayeres (ya con Humberto Moreira en la presidencia del PRI, antes de su detención en Madrid por cohecho, organización criminal, blanqueo y malversación) se acusó al profesor danzarín de “falsificar documentos para obtener mayor crédito de la banca privada”, algo que, por lo demás, “rima” muy bien con el desfalco de su tesorero Villarreal Hernández.

Las rebanadas del pastel

Oficialmente, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, causa baja de la estructura gubernamental. Lástima: unos querían limpiarla de la enorme corrupción con la que Sanjuana Martínez la encontró y otros mantenerla como negocio particular, con “licencia” para saquearla. Decisión salomónica de Palacio Nacional.

Twitter: @cafevega