El Senado recibió de diputadas de todos los partidos la minuta 3 de 3, por medio de la cual se impedirá el acceso a candidaturas a puestos de elección popular y a las fiscalías general y estatales a deudores alimentarios y a quienes tengan sentencia definitiva por violencia familiar y agresión sexual.

En el acto donde se hizo entrega del documento, diputadas denunciaron que recibieron amenazas por aprobar esa iniciativa, al tiempo que junto a las senadoras manifestaron su rechazo a la reforma que busca acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dado que implica un retroceso en las acciones afirmativas y la paridad de género.

La ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) puntualizó que la 3 de 3 es una propuesta relevante, pues cuando la minuta concluya su etapa en el Senado, el Poder Legislativo estará diciendo a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudoras alimentarias morosas que “nunca más el Estado mexicano las aceptará como representantes populares o titulares de la fiscalía general o de las fiscalías locales”.

La diputada Aleida Alavez (Morena) destacó que la iniciativa no es punitiva ni vulnera derechos humanos de nadie, sino disuasiva, ya que sólo limita el acceso a los espacios públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme.

Demandó al Senado aprobar la reforma constitucional en el actual periodo ordinario de sesiones, para que se lleve a los congresos estatales y entre en vigor lo más pronto posible.

La senadora Martha Lucía Micher (Morena) aprovechó para advertir al patriarcado de la Cámara de Diputados que no se atreva a mandar al Senado una iniciativa que implique un retroceso en paridad de género y acciones afirmativas, en alusión a la referida al TEPJF.