Chilpancingo, Gro., Hermelinda Santiago Ríos, jornalera agrícola indígena, aseguró que las autoridades están al tanto de que en los campos agrícolas “nos explotan vilmente y las mujeres sufrimos más, porque aparte de que trabajamos, cocinamos, lavamos y damos de comer a la familia.

“Por si fuera poco, las empresas que nos contratan no nos alojan en una vivienda digna, no nos dan atención a la salud y nuestros hijos tampoco tienen acceso a la educación. Somos explotados y el gobierno de Guerrero lo sabe, pero no hace nada para ayudarnos”, reprochó durante su participación en una conferencia de prensa virtual desde la Unidad de Servicios Integrales (USI) en el municipio de Tlapa de Comonfort.

El jornalero Miguel Martínez Peralta aseguró que hace más de un año la mandataria morenista Evelyn Salgado Pineda canceló el presupuesto para la compra de arroz, frijol y otros víveres “que nos llevamos para cocinar durante los primeros tres días de estancia en los campos del norte del país.

“En el gobierno de Zeferino Torreblanca (2005-2011) nos daban un presupuesto de 300 mil pesos para la compra de los insumos; con Ángel Aguirre (2011-2014), bajó a 250 mil pesos; con Héctor Astudillo (2015-2021) fueron 50 mil pesos, y ahora el de Evelyn Salgado no nos da nada”.

En su intervención, Paulino Rodríguez Reyes, responsable del área de migración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pidió al gobierno guerrerense crear una comisión interinstitucional que vigile que las empresas que contratan a los jornaleros indígenas no violen sus garantías en materia de salud, trabajo y educación.

En la conferencia virtual desde Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero, el abogado recordó que en febrero pasado dos menores oriundos de la comunidad indígena de Tonayán murieron por desnutrición en las galeras de un campo agrícola de Mazatlán, Sinaloa.

Mencionó también que el año pasado al menos seis jornaleros agrícolas originarios de diversas localidades de La Montaña guerrerense fueron asesinados en Baja California y Sinaloa.

Según Tlachinollan, cada año migran unos mil indígenas de los municipios de La Montaña. “En los lugares a los que vamos a trabajar muchas de nosotras sufrimos acoso sexual e incluso agresiones”, denunció Martina Ramírez Domínguez.

“Cuando ganó la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pensamos que las condiciones de La Montaña iban a cambiar, pero no ha pasado nada porque nos siguen explotando en el norte del país”, criticó.