Madrid. La multinacional española Ferrovial, una de las constructoras más poderosas e influyentes del país a raíz de sus numerosos contratos públicos para grandes obras de infraestructura, cambiará definitivamente su sede fiscal a los Países Bajos, según se aprobó por abrumadora mayoría en la junta anual de accionistas que se celebró en la sede central de la compañía en Madrid.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, expresó su frontal rechazo a la operación e incluso advirtió de sanciones fiscales si se llevaba a cabo, pero aún así los accionistas respaldaron la medida y definieron las “advertencias” del Ejecutivo como “amenazas injerencistas intolerables”.

Ferrovial celebró la junta de accionistas más tensa y con más expectativa de su historia. Todas las miradas estaban puestas en el punto décimo del orden del día, que se refería precisamente al cambio de sede fiscal para, según la versión de la compañía, poder cotizar al mismo tiempo en el mercado bursátil europeo y en el de Estados Unidos, donde tiene importantes proyectos de infraestructuras, entre ellos el de la autopista de cobro inteligente en la I-66, en Virginia.

Del Pino anunció la salida de Ferrovial a finales de febrero pasado, con el argumento de que necesitaba cotizar en el mercado bursátil estadunidense para tener acceso a mejores condiciones de financiamiento, una cuestión esencial para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura que realiza a nivel internacional. Pero el gobierno criticó con dureza la decisión y la acusó de buscar mejoras fiscales en virtud del régimen hacendario de los Países Bajos, que es más laxo con las grandes corporaciones.

El enfrentamiento se recrudeció, hasta el punto de que hasta tres ministros del gobierno español advirtieron a los accionistas de las “graves” consecuencias que traería a la compañía si finalmente votaban a favor de la iniciativa de Del Pino y su equipo directivo.

Al inicio de la histórica junta, Del Pino tomó la palabra para explicar su decisión, consciente de que ya gozaba del beneplácito de la mayoría de los accionistas de la multinacional, y afirmó que “Ferrovial no se va de España, mantendrá actividad, empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la contribución fiscal... La operación busca mejorar la capacidad de competir de la compañía para su crecimiento internacional y facilita el acceso a mejores condiciones de financiación”. De los 856 millones que Ferrovial invirtió en todo el mundo en 2022, el mercado estadunidense acaparó 64 por ciento, es decir, 535 millones, con lo que se ha convertido en los últimos años en su principal negocio y de ahí la razón que aludió la empresa para su traslado de sede fiscal. Justificó la decisión en la libre movilidad empresarial amparada por los tratados europeos y por las legislaciones de los países miembros.

Además del respaldo de los grandes accionistas, logró que se sumaran a su causa pequeños y medianos tenedores, representados por varias asociaciones, entre ellas la Federación Mundial de Inversores, cuyo presidente Jean Pierre Paelinck, acusó al gobierno español “lanzar un ataque excesivo, improcedente y al borde de la ilegalidad” contra Ferrovial.

En el gobierno hubo una reacción dividida, por un lado, la vicepresidenta el gobierno, la socialista Nadia Calviño, emitió un escueto comunicado en el que aseguró que “el gobierno respeta la decisión” y anunció que van “a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses”. Pero desde el Ministerio de Asuntos Sociales, su titular Ione Belarra, de Unidas Podemos, calificó la decisión de “inaceptable” porque “supone reírse de todos los españoles, ya que su salida sólo busca evadir el pago de impuestos en España”.