Saltillo, Coah., Héctor Javier Villarreal Hernández fue tesorero de Coahuila durante el gobierno del priísta Humberto Moreira (2005 a 2011). El ex funcionario fue acusado de lavado de dinero y conspiración para transportar recursos ilícitos en efectivo.
Nació en Matamoros, Tamaulipas, pero forjó su carrera política en Coahuila. De 2008 a 2010 fue secretario de Finanzas y de junio de 2010 a 2011 se desempeñó de titular del Servicio de Administración Tributaria de la entidad.
Villarreal Hernández renunció a su cargo en agosto de 2011, tras difundirse que el estado acumulaba una deuda pública de 35 mil millones de pesos, la más grande de su historia.
Conocido como “el operador de la megadeuda”, en octubre de 2011 fue detenido por la Fiscalía General del Estado por recurrir a decretos falsos y promover trámites en el Poder Legislativo estatal, que autorizaban la contratación de una deuda estatal a largo plazo.
El objetivo de los contratos era obtener créditos bancarios por 3 mil millones de pesos. Tras pagar una fianza, continuó el proceso penal en libertad y después se fugó a Estados Unidos.
Héctor Villarreal fue acusado de enriquecerse mientras la deuda pública de Coahuila crecía. De acuerdo con la denuncia del gobierno estatal, adquirió 10 casas, terrenos y negocios en zonas exclusivas de Texas.
En febrero de 2012 fue detenido en territorio estadunidense con 67 mil dólares en efectivo y también recuperó su libertad tras pagar una fianza.
En abril de ese mismo año, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una investigación contra el ex tesorero por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero proveniente del gobierno de Coahuila y pidió incautar propiedades que tenía en ese país con valor de 20 millones de dólares.
Fue acusado también de otorgar contratos a empresas que permitieron que integrantes de un grupo criminal se apropiaran de concesiones de minas de carbón en Coahuila.
Tras dos años de permanecer prófugo, en febrero de 2014, Villarreal se entregó a las autoridades federales de Estados Unidos en el puente internacional de El Paso, Texas.
En 2015, ante la Corte del Distrito Oeste, en San Antonio, Texas, se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar capital robado en el exterior.
Tras aceptar cooperar con las autoridades estadunidenses y entregar cuentas bancarias, así como propiedades por 33 millones de dólares, obtuvo la libertad condicional y desde entonces vive en Texas.
