De ser declarado culpable del delito del que se le acusa –ejercicio ilícito de servicio público–, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, podría alcanzar una pena de entre dos a siete años de prisión. Por tratarse de un ilícito no grave, el funcionario seguiría su juicio en libertad.

En tanto, los agentes de migración presuntamente involucrados en el caso del incendio de la estación del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas, solicitaron amparo.

El delito del que se acusa a Garduño está definido en el artículo 214 fracción VI del Código Penal Federal como el que se comete un servidor público cuya negligencia “propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.” Se trata del mismo delito del que se acusó a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien sigue su proceso en libertad.

En cuanto se libre la orden de aprehensión, Garduño tendrá que ser puesto a disposición de un juez de control para que se lleve a cabo la audiencia inicial en la que, de manera formal, conocerá los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República.

Mientras, en juzgados federales se publicó que la agente de migración Gloria Liliana Ramos García obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de detención que se libró en su contra por su presunta responsabilidad en este caso.

La medida cautelar no implica libertad de la quejosa, quien deberá quedar a disposición del juzgado de amparo y de la autoridad encargada del procedimiento penal para su continuación.

En su demanda, Ramos García denunció actos de privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, posible tortura, y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por ello el impartidor de justicia le concedió la suspensión de plano.

En tanto, los otros dos agentes del INM implicados en este asunto, Rodolfo Collazo de la Torre y Daniel Goray Yosika, también acusaron que fueron incomunicados, motivo por el juez les otorgó la suspensión de plano.