Guasave, Sin. En un cuarto de tres por tres metros cuadrados, con piso de tierra, sin cocina y muebles, varias familias, con niños, se acomodan para vivir. En algunas hay catres, en otras ni eso; usan colchas y colchonetas. Sin agua, gas o energía eléctrica.

Son las cuarterías, viviendas hechas con láminas; algunas son de madera o ladrillo. Decenas de personas comparten un baño. Se las prestan los patrones, mientras brindan sus servicios como jornaleros agrícolas, pero por otras deben pagar más de mil pesos al mres a particulares que manejan un negocio sin control.

En marzo pasado, el gobierno de Sinaloa detectó que jornaleros de la sindicatura de Juan José Ríos, muchos de ellos provenientes de otras entidades, como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, viven en condiciones insalubres en diversos predios.

Carecen de vivienda digna, de agua, de una buena alimentación y los niños no acuden a la escuela o bien se les ha encontrado en situaciones de abandono, según ha reportado la Secretaría de Salud estatal.

Son cerca de 800 personas, de las cuales 280 son menores; de ellas, ocho han muerto por problemas respiratorios y desnutrición.

Apenas el lunes, Dayana, una pequeña de un año y cuatro meses, pereció en la cuartería donde vivía con sus padres; además, hay un infante en cuidados intensivos en el hospital general de Los Mochis por los padecimientos citados y tres más convalecientes.

El martes, también en Juan José Ríos, se detectaron otros dos casos de pequeños con enfermedades respiratorias y que por la gravedad de su estado requerían ser trasladados a un hospital, reportó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Everardo Cárdenas.

El funcionario dio a conocer que en uno de los casos la madre del infante se resistió a que éste fuera llevado al hospital general de Los Mochis.

Como jornaleros ganan entre 500 y 800 pesos diarios en el campo sinaloense. La explotación no se está dando en las empresas agrícolas, aseguró María Inés Pérez Corral, secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) en Sinaloa, quien señala que el verdadero problema es la falta de viviendas dignas para los trabajadores temporales que se emplean por día con diferentes empresas.

“No tienen ellos una estufita, no tienen nada, pero considero que bien podrían comprar una estufita porque ganan lo suficiente para eso; la mayoría de las familias aquí viven con menos; los que trabajan en oficinas, en otros lugares con un salario mínimo, pues ellos también”, expuso.

“Sin embargo, ellos tratan de llevarse todo lo que puedan a sus lugares de origen; es como muchos mexicanos, que vivimos la mitad de vida en un colchón y el colchón no está en buenas condiciones y eso es hasta cultural.”

La Sebides realiza una investigación y diagnóstico de lo sucedido en Guasave, de tal forma que puedan presentarse soluciones para la próxima temporada agrícola, indicó Pérez Corral.

Brigadas de atención médica recorrieron 26 cuarterías donde entre lunes y martes se ha atendido a 79 niños, nueve embarazadas y 30 adultos; además, se realizaron tres traslados de infantes al hospital general de Los Mochis y al pediátrico de Culiacán, explicó Martín Ahumada, alcalde de Guasave

La directora del hospital general de Guasave, Andrea Espinoza, informó que en esos días se auxilió con medicamentos gratuitos 44 niños, seis adultos y una joven embarazada; se detectaron cuadros de infecciones respiratorias y gastroenteritis, conjuntivitis en niños y diabetes en adultos.

Bombas de tiempo

Jorge López, habitante de Villa Juárez, municipio de Navolato, relató que la modalidad más usual en la actualidad es la contratación de jornaleros por día; trabajan por tarea y llegan a ganar hasta 800 pesos al día sin tener prestaciones o la relación laboral formal con un patrón. De la otra forma ganarían menos, aunque les han insistido en que se empleen de manera formal.

El presidente de Profesionistas Indígenas del Noroeste sostuvo que nadie actúa para regularizar el negocio de las cuarterías, cuando es algo que le convendría al municipio y a los tres órdenes de gobierno. Manifestó que como asociación civil lo han venido denunciando desde hace años en zonas como Villa Juárez, con alta presencia de comunidades indígenas.

Las cuarterías carecen de salidas de emergencia. Una cuartería con 15 o 20 cuartos tiene un solo baño para todos, los tanques de gas están pegados al sitio donde duermen y no hay control de las personas que viven en los cuartos ni de dónde vienen, reprochó López.

Impunidad en el campo 35

En enero, la Sebides brindó atención a 43 jornaleros indígenas desplazados de Chihuahua, quienes sufrían explotación laboral en el campo 35, ubicado en Ahome, Sinaloa, refirió Pérez Corral. “Nos dijeron que algunos habían escapado en medio de la noche y querían retornar a su tierra”.

El gobierno sinaloense apoyó con el traslado de los jornaleros a territorio chihuahuense y se contactó con el gobierno de esa entidad para que se les atendiera como víctimas. Uno de los afectados presentó una denuncia en la vicefiscalía de la Zona Norte.

La fiscalía estatal carece de elementos para fincar responsabilidades por la muerte de ocho niños que habitaban en las cuarterías de Juan José Ríos, informó ayer la fiscal Sara Bruna.

Apuntó que en el único caso en que se puede proceder es el de la niña encontrada semienterrada el pasado 21 de marzo. El cuerpo de la menor sigue sin ser reclamado, aunque ya se identificó a la madre. Si nadie reclama el cadáver la fiscalía le dará sepultura.

Randy Ross Álvarez, titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Sinaloa, aseguró que se llevan a cabo revisiones diarias en la zona de Juan José Ríos, donde tienen bajo control 17 cuarterías, pero hay más. “Se hacen suspensiones para dar tiempo a hacer las modificaciones debidas; sin embargo, la situación se complica cuando las personas ya viven ahí”, apuntó.

“No cuentan con iluminación, estufa ni gas para preparación de alimentos; defecan en el suelo, no tienen baños suficientes”, aseveró. “Lo que queremos hacer para el próximo ciclo agrícola es no permitir que renten esas viviendas, sino suspenderlas totalmente”, advirtió.

En tanto, Miguel Calderón, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, prometió “revisar la actuación de las autoridades y una vez integrado el expediente, emitir la recomendación si así fuese conducente”.

Ante lo sucedido en Guasave, el Congreso local anunció que se presentará al Congreso de la Unión una iniciativa que contemple una revisión de las condiciones salariales y prestaciones para los jornaleros agrícolas, ante la evasión que hacen los patrones del cumplimiento del artículo 123 constitucional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, consideró que este problema tiene su origen en la distribución de la riqueza, que debe llegar con las medidas que está tomando Sebides y los derechos de los trabajadores. Indicó que podrían llamar a comparecer a la secretaria del Bienestar, María Inés Pérez Corral.

(Con información de El Debate de Sinaloa e Irene Sánchez, corresponsal)