Santiago. Luego de poco más de seis años de tramitación, el Parlamento chileno aprobó una ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, en lo que constituye un importante y necesitado logro del gobierno de Gabriel Boric, muy al debe en el cumplimiento de sus promesas electorales, una de las cuales es ésta.
La iniciativa entrará gradualmente en vigencia en los próximos cinco años, para dar a las pequeñas y medianas empresas oportunidad de mantener y/o mejorar su productividad con menos horas/hombre trabajadas y así evitar despidos.
Tras años entrampado, el gobierno presentó indicaciones en 2022 y lanzó un diálogo con sindicatos y patronales, lo que destrabó su discusión para favorecer a más de 4 millones de trabajadores en su calidad de vida. Más de 500 empresas de distintos rubros ya adoptaron la jornada, anticipándose a la ley.
El proyecto, originalmente propuesto en 2017 por las diputadas comunistas Camila Vallejo –hoy ministra secretaria general de Gobierno (portavoz)– y Karol Cariola, recibió en la Cámara de Diputados 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. En el Senado, donde tardó cuatro años, fue aprobado unánimemente hace tres semanas luego de hacer modificaciones.
“Esto es un triunfo y una muy buena noticia para el pueblo de Chile en su conjunto, porque es una reducción que se adapta a los distintos sectores productivos. Es una buena noticia para la política, porque a veces se dice que ésta no logra resolver los asuntos de interés nacional y hoy demostró que puede estar a la altura que le plantea el pueblo de Chile (…). Estoy muy emocionada”, expresó Vallejo.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lideró las negociaciones, recordó que esta es la segunda vez que se reduce la jornada laboral; la primera fue en 2005, cuando pasó de 48 a 45 horas. “Sí se pueden hacer cambios para avanzar en derechos de los trabajadores”, declaró tras la votación, enfatizando que “respeta las necesidades específicas de sectores como el pesquero, agricultura, transporte de carga, locomoción colectiva interurbana y el transporte rural, entre otros”.
También incluye una fórmula compensatoria y una regulación de las jornadas excepcionales utilizadas de manera extensiva en la minería y la salmonicultura. Posibilita las jornadas semanales de cuatro días de trabajo y tres de descanso, con un límite de 10 horas diarias.
Consagra el derecho de madres y padres con hijos menores de 12 años a tener un inicio y término de jornada adaptable en hasta dos horas, mismo derecho que se aplicará a quien tenga a su cargo el cuidado personal del menor.
“Esta medida es clave para conciliar el horario de los establecimientos educacionales con el comienzo y término de la jornada laboral, factor crítico para facilitar el ingreso y permanencia en el mundo del trabajo, sobre todo de las mujeres”, explicó Jara.