Madrid. La multinacional Ferrovial, una de las corporaciones más poderosas del sector de la construcción y la infraestructura, celebrará este jueves una crucial junta de accionistas en la que se decidirá el cambio de su sede fiscal a Ámsterdam, capital de los Países Bajos, en lugar de Madrid.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está frontalmente en contra de la decisión de la compañía, hasta el punto de que decidió enviar una carta dirigida a los accionistas en la que les “informaba” de las posibles consecuencias de esta decisión, entre las que incluyó sanciones fiscales de centenares de millones de euros.

La tensión es máxima, pero la cúpula de la compañía mantiene intacto su plan, que justifica en la necesidad de estar en un país en el que sea posible cotizar simultáneamente en el mercado bursátil de Estados Unidos, donde tiene una parte muy importante de sus negocios.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, fue señalado por el propio presidente Sánchez y por algunos de sus ministros en el área económica, como la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el principal instigador de esta decisión que a su juicio tiene como fin último rebajar la carga fiscal tanto del empresario español como de la compañía. A pesar de las asperezas, el diálogo entre Ferrovial y el gobierno se mantiene abierto, pero con una distancia cada vez mayor en los planteamientos de ambas partes: la multinacional insiste en que su plan es legal y por tanto lo llevará a cabo si consigue el apoyo de los accionistas, mientras el gobierno sostiene que no hay razones de peso para adoptar un cambio de sede que supondrá una merma en la recaudación de la Hacienda pública española.

De hecho, la empresa respondió al gobierno con una carta en la que solicitó “respeto” al gobierno con sus decisiones “soberanas”. A lo que respondió Calviño: “Tenemos respeto absoluto a las decisiones en el ámbito empresarial, pero creemos que es importante que se adopten con toda la información y los riesgos asociados a cada una de las opciones que ahora tiene la empresa. No existe una motivación económica. Esta es la conclusión que arroja el análisis”.

La multinacional además explicó que “cotizar en Estados Unidos es un objetivo estratégico para el Grupo Ferrovial, que lo ayudará a reforzar la notoriedad de su marca en la región y a posicionarse mejor en la adjudicación de nuevos proyectos en los diferentes estados del país”. En la actualidad, sostiene la empresa, el régimen legal español en materia bursátil no permite ni la dualidad ni la flexibilidad que sí otorga el sistema financiero en los Países Bajos, que a su vez son señalados por cada vez más naciones del entorno europeo de amparar un paraíso fiscal encubierto.

La cúpula de Ferrovial está convencida de que tiene de su parte a la mayoría de los accionistas, pero el gobierno español intentará evitar hasta el final una decisión que afecta de lleno a las arcas públicas y en caso de no lograrla, se prevé una larga batalla judicial entre ambas partes.