El gobierno mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declaró al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a la presunción de inocencia, entre otros, por la detención arbitraria, privación de la libertad y la aplicación del arraigo, así como de la prisión preventiva oficiosa en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados en 2002 del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez.

Tras ser notificada del fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación señalaron en un comunicado que revisarán las sentencia con el objetivo de "estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos".

"México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas", según el posicionamiento del gobierno federal.

Este miércoles la Corte notificó su sentencia al Estado mexicano en una audiencia en línea, en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México.

La CoIDH limitó el caso al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado.

La Corte determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.

Asimismo, el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo pre-procesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CoIDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.