Durante el segundo parlamento abierto para analizar la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, convocado por la Cámara de Diputados, investigadores y alumnos de posgrado de los Centros Públicos de Investigación (CPI) afirmaron que el nuevo marco regulatorio permitirá “dar claridad y rumbo” al sector, así como transparentar el uso de los recursos públicos al definir metas claras en su aplicación.
Señalaron que proponer la creación de un Sistema Nacional de Centros Públicos “fortalece las sinergias y las estrategias de colaboración”. Rechazaron que se trate de una iniciativa de ley antidemocrática y centralista, ya que “impulsa una transformación con el apoyo de los tres niveles de gobierno, así como con la participación de las comunidades académicas, social y del sector privado”.
Se trata de un nuevo marco normativo que “busca crear un orden jurídico que permita garantizar el derecho que tiene toda persona de disfrutar de los beneficios de la ciencia, es decir, se tiene como centro de esta nueva norma el derecho universal a la ciencia”, afirmó el doctor Cristóbal Pérez Magaña, miembro del Programa Investigadoras e Investigadores por México.
Con el tema “Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, el segundo foro, convocado por las Comisiones Unidas de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación de San Lázaro, permitió que integrantes de las comunidades científicas de universidades públicas y privadas, de los CPI, organizaciones no gubernamentales y el empresariado expresaran sus propuestas y comentarios al proyecto de ley presentado por la Presidencia de la República en diciembre pasado.
Leticia Torres, directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), destacó que la iniciativa es resultado de “un esfuerzo que lleva ya varios años, y en el que los CPI aportaron ideas que permitan transitar hacia una administración eficiente de recursos y talento en beneficio del país”.
Agregó que con la entrada en vigor de esta nueva norma “contaremos con un marco de operación actualizado, acorde a una nueva visión más humanista y más interesada en el beneficio de la población y en la búsqueda de respuesta a problemas nacionales estratégicos, como seguridad alimentaria, acceso a agua y salud, entre otros temas”.
En contraste, investigadores eméritos, académicos y funcionarios de universidades públicas federales y estatales demandaron, entre otros temas, mayor inclusión de los cuerpos académicos en los órganos colegiados que definirán la agenda del sector, así como mayor participación en la toma de decisiones, además de reiterar su demanda de que se garantice la libertad de cátedra e investigación y se destine un presupuesto no menor a uno por ciento del producto interno bruto.
