El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguró que en sus 26 años de existencia nunca ha invadido atribuciones que sólo competen al Congreso, por lo que sus resoluciones y acciones afirmativas han sido respetuosas del marco legal y de la división de poderes.
En un escrito de 17 páginas y tres anexos, en los que explica detalladamente el límite parlamentario que lo rige, las acciones afirmativas que ha aprobado sobre asuntos vinculados al Legislativo, así como los asuntos de paridad de género en las dirigencias de los partidos políticos, informó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que sus resoluciones no violan la Constitución, porque siempre han respetado las facultades de los diputados y senadores.
No obstante, aclara que sí ha habido una evolución en la defensa de los derechos político-electorales de quienes ostentan un cargo público, la cual ha creado líneas jurisprudenciales en sus sentencias, pero que no han sido bien vistas por el Congreso. El magistrado Felipe Fuentes Barrera aseveró que “no se están invadiendo campos de competencia del legislador, se está dando fortaleza, se está dando vida, se está dando actualidad a la Constitución, y eso es lo que nos debe importar”.
Durante el seminario Metodologías para la observación de la justicia electoral: impacto del uso de los programas sociales, Fuentes Barrera aseguró que los fallos que ha resuelto el TEPJF no han extralimitado sus facultades.
“Los legisladores consideran que el Tribunal Electoral es creador del derecho a través de sus sentencias, y no es así. En la actualidad, los tribunales deben entenderse no sólo como garantes de la Constitución, sino del correcto funcionamiento de la estructura constitucional, y no podemos serlo si se limita a una interpretación literal”, aseveró.
Ante la iniciativa que discutirá la Cámara de Diputados para limitar al TEPJF, este órgano jurisdiccional entregó un documento con el que busca aclarar cuál es la diferencia entre derecho electoral y parlamentario, a fin de que los legisladores comprendan que sí respetan los límites que les impone el marco jurídico.
