Ciudad de México. Con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron detenidos de manera arbitraria y privados de su libertad acusados por presuntamente haber participado en un homicidio en 2002, la figura de prisión preventiva oficiosa tendrá que ser modificada a fin de que sea justificada y no automática, señalaron los representantes de las víctimas.

David Peña y Simón Hernández destacaron que la sentencia es histórica pues es la primera (de 13) en la que este tribunal señala que un artículo de la Constitución, el 19, es inconvencional a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tras recordar que sus defendidos pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa, Peña explicó que lo que pide la Corte no es que se quite esta figura, “sino que se adecúe a los estándares interamericanos. Y ¿cuál es la necesidad de esa adecuación?, que no sea oficiosa, de que sea una prisión preventiva justificada”.

Indicó que con este fallo, en la que también se pide al Estado mexicano dejar sin efecto en el ordenamiento jurídico interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre procesal, y junto con el del caso Tzompaxtle, “todos los jueces de los poderes judiciales locales y el federal, tienen ya la obligación de atender la solicitud de las demandas, los juicios de amparo, los incidentes que presenten todas las personas que estén en prisión preventiva oficiosa para que su medida sea revisada a partir de los estándares de la sentencia”.

Lo anterior, aclaró, no implica la libertad inmediata, sino que las personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva oficiosa tendrán la posibilidad de presentarse al juez y que éste revise la necesidad de que estén o no en prisión.

“Tampoco implica que esto va a destruir y a derribar la estrategia de seguridad el Estado mexicano, es falso el decir que una estrategia de seguridad, de combate a la delincuencia, de prevención del delito, de atención a las causas sociales se centre en la utilización de la prisión preventiva oficiosa”, enfatizó en conferencia de prensa.

Respecto al caso particular de García Rodríguez, a quien el 19 de marzo pasado le fue confirmada la condena de 35 años de cárcel por presuntamente ser el autor intelectual del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, estado de México, María de los Ángeles Tamez, Peña refirió que el poder judicial mexicano deberá revisar el proceso, todas las violaciones a sus derechos y las pruebas obtenidas bajo tortura y coacción.

En este sentido, informó que en los próximos días presentarán la sentencia de la CoIDH ante un tribunal colegiado y solicitarán al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que conozca del caso.

En su participación, García Rodríguez, quien acudió a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México aún con el brazalete electrónico que se le impuso desde 2019, pero que mañana finalmente le será retirado, expresó que personalmente el fallo de la Corte Interamericana limpia su nombre, luego de 21 años de haber sido arraigado, torturado y privado de su libertad de manera injusta.

Alpízar Ortiz, quien hace 15 días fue absuelto de toda responsabilidad, celebró lo resuelto por la Corte, pero lamentó que fuera a través de una instancia internacional como se reconociera su inocencia y los impactos que tuvo la privación de su libertad. Además, dijo, “nadie va a poder reparar la vida de mi madre y hermano Norberto, que siempre estuvo al pendiente, que fallecieron buscando esa libertad y esa manera de demostrar mi inocencia”