Washington y Nueva York. El número de mexicanos indocumentados que cruzan la frontera de Estados Unidos aumentó a niveles sin precedente en los pasados seis años, según cálculos del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) de Washington.

Los flujos migratorios cambiaron de manera dramática antes de 2017 con una disminución de migrantes mexicanos, en contraste con el alza de centroamericanos, sudamericanos y caribeños.

Sin embargo, desde 2017 se registra un nuevo incremento de mexicanos en números absolutos, según datos oficiales calculados por el analista Ariel G. Ruiz Soto, del MPI.

En el año fiscal que concluyó en septiembre de 2017, agentes estadunidenses interceptaron a 130 mil 454 mexicanos que cruzaban la frontera sin papeles.

Ese número brincó hasta 738 mil 780 en el año fiscal que concluyó en septiembre de 2022. El patrón hasta febrero de 2023 sugiere que la tendencia continúa este año.

La atención de medios, funcionarios públicos y políticos en Estados Unidos y México se ha enfocado en migrantes de terceras nacionalidades, que emprenden travesías en ruta hacia el norte.

Según acuerdos entre los dos países, algunos aún no difundidos, Estados Unidos puede expulsar a México hasta 30 mil solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba cada mes.

Según el analista Ruiz Soto, México también acepta a migrantes indocumentados de El Salvador, Guatemala y Honduras expulsados de Estados Unidos. Y por supuesto, México siempre recibe a sus propios ciudadanos.

Los datos sobre cruces no autorizados no son precisos. Bajo las políticas vigentes antes de la pandemia, el gobierno estadunidense registraba a todo individuo sorprendido al cruzar la frontera sin documentos. Si los interceptados repetían sus intentos, podrían enfrentarse a multas y prisión en Estados Unidos.

Pero con el llamado Título 42, que estableció en la pandemia supuestas medidas de emergencia de salud pública, Estados Unidos justificó la expulsión masiva de solicitantes de asilo y otros migrantes.

Bajo esa medida no se establecieron consecuencias para intentos repetidos de ingresar a Estados Unidos y por lo tanto, señaló Ruiz Soto, el conteo de “encuentros” con indocumentados podrían incluir a individuos que fueron “encontrados” en más de una ocasión.

Aun así, las estadísticas calculadas por el MPI registran un número sin precedente en la pasada década de mexicanos que cruzan la frontera en el año fiscal 2022, parte de la tendencia de los años más recientes. Los mexicanos son el grupo más grande del flujo migratorio a Estados Unidos.

En mayo, fin del Título 42

Lo más difícil de pronosticar es qué sucederá en mayo, cuando está programado el fin de la aplicación del Título 42. Muchos de los que cruzan la frontera solicitan asilo, mientras otros buscan mejores perspectivas económicas o reunirse con familias que ahora residen en Estados Unidos.

Ante el Congreso, funcionarios estadunidenses han reconocido que consideran retomar medidas para detener a familias que intentan ingresar al país sin autorización, una política que fue abandonada cuando llegó Joe Biden a la Casa Blanca.

Los funcionarios subrayan que no hay ninguna decisión adoptada por ahora y, aun si se inicia la detención de familias, no sería nada parecido a lo que hizo el gobierno de Donald Trump.

No obstante, la sola discusión de esas medidas hizo sonar las alarmas entre defensores de derechos de migrantes y de libertades civiles, que lucharon contra la detención y separación de familias bajo Trump, las cuales fueron ampliamente condenadas incluso por el propio Biden cuando fue candidato.

Las consecuencias de esas medidas con Trump fueron brutales. El New York Times reportó este martes que, además de los cerca de 5 mil 500 niños separados a la fuerza por agentes de migración durante el gobierno anterior, también fueron apartados de sus familias cientos de menores, tal vez hasta mil, que nacieron en Estados Unidos y por lo tanto tienen ciudadanía estadunidense.

“En muchos casos, los niños nacidos en Estados Unidos fueron colocados bajo cuidado tutelar por largos periodos y algunos aún no han sido reunificados con sus padres, perdidos en el sistema casi cinco años después de que fueron separados”, reportó el rotativo.

Un grupo de tarea del gobierno de Biden ha trabajado para reunificar familias y hasta ha ofrecido compensación para algunos de los afectados.

Pero al aproximarse las elecciones presidenciales de 2024, el gobierno de Biden busca la forma de enviar el mensaje de que los migrantes sin documentos que intentan cruzar la frontera serán regresados a México.

El gobierno de Biden, reportó el podcast This Morning del Times, continuará buscando el outsourcing de su problema migratorio en la frontera con México, al expulsar al país vecino a los que llegan.

Por ahora, México parece estar dispuesto a aceptar estas medidas, aunque ninguno de los dos gobiernos ha difundido los términos de un nuevo acuerdo que tendrá que ser implementado en mayo, al concluir el Título 42.

Para muchos analistas en Estados Unidos, la muerte de migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, en marzo, exhibió otra consecuencia más de esta política en ambos lados de la frontera.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otras organizaciones, culpó a ambos gobiernos por la tragedia y aseguró que “las muertes… mostraron las peores consecuencias posibles de las políticas estadunidenses fronterizas actuales de expulsión y las políticas mexicanas de aplicación de la ley, ambas enfocadas en la detención y disuasión”.